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Apuesta de campaña
El voto despojando afores
Hoy se cumplen tres años de que la Fiscalía del Estado orquestó un operativo para desaparecer de manera forzada y torturar a decenas de jóvenes que pretendían llegar a Calle 14 a manifestarse por las detenciones ocurridas un día antes en el Centro tapatío a causa de una protesta por el asesinato de Giovanni López, registrado un mes antes en Ixtlahuacán de los Membrillos mientras estaba retenido por policías municipales.
A mil 95 días de distancia, no hay justicia para las víctimas y, por el contrario, el rumbo que tomó la investigación las puso en riesgo.
La Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer el caso, lo que dio confianza a los jóvenes de declarar abiertamente. Al indagar, la instancia federal reconoció los delitos de tortura y desaparición forzada –la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sólo investigaba abuso de autoridad–; sin embargo, el año pasado la FGR se dijo no competente y la carpeta fue remitida a la Fiscalía del Estado y, con ello, las declaraciones y datos personales de las víctimas.
“Esta carpeta se devuelve a Jalisco y aquí sí hay que decir que hay muchísimo más riesgo. Todas las personas que habían confiado en la FGR para dar su denuncia, que dieron sus datos personales, sus nombres, todo, ahora la Fiscalía Estatal vuelve a tener esa carpeta con todas esas denuncias sumadas que antes no estaban cuando ellos enviaron la carpeta a la Ciudad de México. Nos habla no sólo de un sistema impune, sino que también pone en riesgo y le suma riesgos a personas que denuncian”, comentaron integrantes del colectivo #5deJunioMemoria en entrevista.
Desde que la carpeta de investigación está de nuevo en Jalisco, añadieron, ya no hay avance alguno en la investigación y creen que así seguirá, pues la Fiscalía debe investigar a sus propios elementos y es complejo que suceda.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también les quedó a deber. Aceptaron que si bien el año pasado emitió una recomendación, en ella no se reconoce la tortura ni la desaparición forzada, por lo que el colectivo interpuso un amparo que sigue sin ser resuelto.
En la charla con NTR también participó el colectivo Dejar de Chingar, el cual ha sido solidario con #5deJunioMemoria. Sus integrantes precisaron que todo apunta a que el gobierno del estado pretende apostarle al olvido, algo que no van a permitir.
Una de las integrantes de #5deJunioMemoria estudia actualmente la Licenciatura en Derecho. Después de lo ocurrido hace tres años, su deseo por ser abogada creció fuertemente al notar todo lo que la autoridad hizo mal ese día.
“Para mí estudiar derecho es un recordatorio permanente de todo lo que pasó mal y de todo lo que sigue pasando mal tanto en mi caso particular como en toda la situación de violencia que hay en Jalisco, desapariciones forzadas”.
En ese sentido, otro de los miembros de la agrupación hizo un llamado a la población a unirse para detener la crisis de las desapariciones.
“Convocar a la ciudadanía a que hagan un alto, que identifiquen en su vida cotidiana que esta es una crisis terrible, espantosa, que estamos viviendo de la desaparición forzada en nuestro estado, en nuestras calles está sucediendo esto”.
Ayer el colectivo realizó una proyección del cortometraje Cinco de junio en el negocio El Mono Sílabo y hoy continuará las acciones de memoria con una nueva proyección y un acto en la Plaza Imelda Virgen de Guadalajara.
En 2021, producto de las mesas de trabajo tras las violaciones a derechos humanos durante las protestas del 4, 5 y 6 de junio de 2020, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) coordinó la creación del Protocolo para el Uso de la Fuerza en Manifestaciones y Motines Civiles del Estado de Jalisco.
En el documento se especifica qué le toca hacer a cada autoridad al momento de cubrir un servicio de protesta social, pero la actuación de antimotines en manifestaciones de familiares desaparecidos durante la semana pasada revela que se sigue ignorando el protocolo, señaló la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Anna Karolina Chimiak.
“A la fecha no hemos conocido informes que pudieran explicar esa necesidad o esa proporcionalidad y por qué, como último recurso, se usó la fuerza en varias situaciones donde hubo represión de la protesta social. Nos ha preocupado que, en varios procesos, en vez de dialogar, ha habido desde inicio una postura confrontativa”.
En julio de 2022, NTR publicó que uno de los aspectos que se incumplían en ese entonces como parte del protocolo era la generación de “informes de agentes sobre el uso de la fuerza para repeler o acompañar manifestaciones”. En ellos el comandante a cargo y cada uno de los oficiales debían justificar su actuar dependiendo del nivel de fuerza utilizado.
Los informes, a decir de Karolina Chimiak, siguen sin generarse. Lauro Rodríguez / Guadalajara
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