Ante el riesgo de una importante sanción fiscal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) tras una revisión a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez contrató una asesoría legal externa que costará a los jaliscienses 23.2 millones de pesos (mdp). El contrato se adjudicó de manera directa y el primer abono que se hizo al despacho ganador, Pérez Reveles Corporativo Jurídico SC, se cubrió con recursos de deuda pública.

Según documentos entregados vía transparencia, la Secretaría de Administración firmó el contrato el 6 de octubre de 2022. Lo denominó “contratación de asesoría jurídica para la Secretaría de Hacienda”.

Los recursos, se señala, se distribuyen en un primer pago de 3 millones 480 mil pesos para que presente un recurso administrativo de revocación; un honorario fijo por el mismo monto para la presentación de una demanda de nulidad, así como otros 16 millones 240 mil pesos “al momento de obtener sentencia favorable firme a los intereses de la Secretaría de Hacienda Pública”.

Según los documentos que justifican la contratación del despacho jurídico, el servicio fue solicitado por Francisco Javier Lares Ceballos, quien es director de Recursos Materiales, y Jesús Salvador Peña Dueñas, director general de Administración y Sistemas, ambos de la SHP, cuyo titular es Juan Partida Morales.

En el oficio SHP/DGAS/1718/2022, de fecha 5 de septiembre de 2022, los funcionarios piden la adjudicación directa al despacho Pérez Reveles y señalan solicitudes realizadas por Joaquín Camacho Michel, procurador fiscal de Jalisco.

El documento menciona que se pidió la contratación del despacho referido “a efectos de contar con una adecuada defensa de los intereses de la administración pública estatal”, ya que se requieren “especialistas en la materia fiscal federal, que además cuenten con una amplia experiencia en ese ámbito, tanto en las salas regionales de Occidente como en la Sala Superior”.

Explica además que la SHP es sometida a una visita domiciliaria y, después de un análisis de la Procuraduría Fiscal, se determinó que “existe una amplia posibilidad de que se llegue a determinar un crédito fiscal de cuantía importante”.

A la par agrega que en la administración pública estatal “no se cuenta con personal que cumpla con las características que pudiese encargarse de la defensa jurídica necesaria”.

Si bien la Dirección de Procesos Fiscales Federales, que depende de la Procuraduría Fiscal, es el área especializada en este tema, en el oficio se reconoce que “se encuentra conformada únicamente por siete abogados en el área de juicios de nulidad, mismos que tienen la responsabilidad de la defensa jurídica en juicios en los que la Secretaría de la Hacienda Pública es señalada como autoridad demandada y cuentan con una carga laboral de 351 juicios activos, más los que se sigan recibiendo”.

En caso de asignarse la inspección del SAT a los funcionarios de la Dirección de Procesos Fiscales Federales, se acepta que “se corre el riesgo de que pudiesen llegar a desatender los asuntos que tienen encomendados dentro de su carga laboral diaria, máxime que las actas que conforman la visita domiciliaria resultan voluminosas y el tema de fondo cuenta con diversos antecedentes, cuyo análisis requiere de tiempo y dedicación exclusiva”.

Además de lo anterior, en el documento se admite que los abogados de la Dirección de Procesos Fiscales Federales “no cuentan con la experiencia necesaria para un asunto de la importancia del que se ha descrito”.

El primer pago al despacho jurídico se hizo el 27 de febrero de este año y fue por un monto de 3 millones 480 mil pesos. Fue bajo el concepto de “pago por la asesoría jurídica para la Secretaría de la Hacienda Pública” y con cargo al fondo de deuda pública.

El 7 de julio se hizo un segundo pago por el mismo monto en el que se señala como concepto el contrato por “asesoría jurídica, gestión y acompañamiento ante autoridades fiscales jurisdiccionales dentro de la visita domiciliaria instaurada por el Sistema de Administración Tributaria, al amparo de la visita VRM6300016/19”.

Del último pago, el más cuantioso, se desconoce si ya se efectuó. A la fecha tampoco se sabe la conclusión del proceso de revisión del SAT ni el de la asesoría pagada por la administración estatal.

Los pagos

• 3 millones 480 mil pesos se le pagaron el 27 de febrero a Pérez Reveles Corporativo Jurídico SC por “la asesoría jurídica para la Secretaría de la Hacienda Pública”
• 3 millones 480 mil pesos más se le pagaron el 7 de julio por “asesoría jurídica, gestión y acompañamiento ante autoridades fiscales jurisdiccionales dentro de la visita domiciliaria instaurada por el Sistema de Administración Tributaria”
• 16 millones 240 mil pesos se le entregarán “al momento de obtener sentencia favorable firme a los intereses de la Secretaría de Hacienda Pública”

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