El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició el viernes un procedimiento para México conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El organismo determinó lo anterior tras contar con información que apunta a que en México las desapariciones son generalizadas, por lo que está en condiciones de iniciar con el procedimiento que podría llevar el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU.

“Fue este periodo de sesiones también oportuno para centrarnos en otra situación preocupante, la de México. Lo hicimos aplicando tres procedimientos que prevé la Convención: el procedimiento de acción urgente, artículo 30, el procedimiento de comunicaciones individuales, artículo 31, y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34”, dijo el presidente del CED, Oliver de Frouville.

Precisó que el comité que encabeza recibió datos que, “en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.

Tras esos hallazgos la primera acción fue solicitar al Estado mexicano toda la información sobre esta situación sin prejuicios y, a la par, buscar diálogo y cooperación con las autoridades. De encontrar elementos que confirmen que las desapariciones forzadas son generalizadas o sistemáticas, el caso de México podría llegar a la Asamblea de la ONU.

Un día después, el gobierno de México emitió una tarjeta informativa respecto a la determinación del CED de la ONU y rechazó los señalamientos bajo el argumento de que las desapariciones no son ordenadas por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. El gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, describió.

La administración federal afirmó que sí contestará las solicitudes del CED, pero sólo porque está obligada debido a la convención internacional de la que es parte.

Esta postura fue reafirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que incluso negó la existencia de una crisis.

“Rechazamos que se vive una crisis de desapariciones en México y más aún que estas sean consecuencia de una política de Estado. Creemos que el posicionamiento del presidente del CED está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”.

Mientras por un lado afirmó que no hay crisis, la CNDH anunció a la par que a partir del 15 de abril habilitará una oficina en Guadalajara para atender a víctimas.

ESPERAN SERIEDAD DEL ESTADO MEXICANO

Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) se consideró que el anuncio del CED evidencia la preocupación internacional por lo que ocurre en el país.

“Implica el reconocimiento del Comité en cuanto a la preocupante y alarmante situación en México en materia de desaparición forzada. Este procedimiento se buscó activar por parte de las víctimas y diversos organismos en los últimos años con un particular énfasis y petición más consolidada durante la visita del Comité en 2021. Seguramente, a esta decisión contribuyeron las actualizaciones más recientes sobre los casos de desaparición de personas en el país y el hallazgo en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán”.

Ahora el Cepad espera que el Estado mexicano esté dispuesto a colaborar tanto con la aportación de la información solicitada como con una estrategia conjunta para atender la crisis.

Emiten medidas cautelares por el Rancho Izaguirre

A petición de Solidaria y de la Plataforma por La Paz y La Justicia en Guanajuato, el Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de osamentas y objetos personales encontrados en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas.

El CED se dijo también preocupado por las amenazas, intimidaciones y represalias dirigidas hacia el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el cual encontró el Rancho Izaguirre el 5 de marzo. Lauro Rodríguez 

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