Dispendiosas, las sentencias anticorrupción

La corrupción es uno de los principales problemas que enfrentan los estados en la actualidad. Este fenómeno menoscaba el desarrollo económico y social, genera mayores desigualdades, vulnera derechos humanos, socava la confianza ciudadana en las instituciones públicas, debilita las estructuras de gobernanza y mina el cumplimiento de la ley.

En diciembre de 2018 se creó en Jalisco la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FA), derivada de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta fiscalía es la parte punitiva de un sistema que se diseñó bajo la premisa de la prevención y de la elaboración de instrumentos técnicos y metodológicos que en teoría abonarían a la disminución de la corrupción en Jalisco. A pesar de la aprobación de la Política Estatal Anticorrupción, y de otros insumos en la materia, la verdad es que la corrupción sigue vigente e impune en Jalisco.

En 2024, la FA abrió 956 carpetas de investigación, enfocándose hasta el momento en la investigación de corrupción de soborno o extorsión que si bien es cierto es una de las que más lacera a las personas también lo es que no existen evidencias del combate contra redes de corrupción que siguen activas sin que sean identificadas, esto como consecuencia de la ausencia de labor de inteligencia financiera, que permita seguir la ruta del dinero y de los protagonistas que se benefician de los hechos de corrupción.

Otro dato que indica que en Jalisco no se están realizando esfuerzos significativos en el control de la corrupción es que, en 2024, las investigaciones por hechos de corrupción en Jalisco incrementaron 10 por ciento esto a pesar de que las personas no tienen claridad ante que autoridad deben presentar su denuncia, de los nulos incentivos que existen para la presentación de una denuncia, la poca confianza que existe en la figura del ministerio público, la pérdida de tiempo, entre otros factores, que propician el incremento de la corrupción.

En 2024 la FA Jalisco tuvo un presupuesto de 76 millones 242 mil 336 pesos, lo que represento 0.6 por ciento del presupuesto total del gobierno estatal; aunado a esto la FA tiene atribuciones legales para solicitar directamente su presupuesto al Congreso y administra su propio recurso público, además el ministerio público tiene la facultad de reconocer a las personas como víctimas de corrupción, también cuentan con autonomía, es decir, la persona titular de la FA es nombrada por el Congreso y no por el fiscal o el Ejecutivo estatal, ventajas que tiene frente a otras instancias en el control de la corrupción y que debe aprovechar para eficientar su labor.

Un dato que nos debe llamar la atención es que, de 2018 a septiembre de 2024, la FA logró únicamente trece sentencias condenatorias; ninguna de ellas tiene que ver con el desmantelamiento de redes de corrupción. La reflexión es si hiciéramos un ejercicio del presupuesto anual de la FA Jalisco desde 2019 a 2024 logrando solamente 13 sentencias condenatorias de hechos de corrupción poco significativos, ¿cuánto dinero nos han costado esas trece sentencias condenatorias?

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*Doctora en Derecho

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