UdeG analiza el tráfico de armas

El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en coordinación con la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados, realizó el foro Tráfico de armas en México: efectos sociales y económicos, un espacio de reflexión sobre las consecuencias que esta problemática genera en la seguridad, la economía y la cohesión social del país.

Durante la inauguración, el diputado Jesús Valdés, presidente de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, destacó que cada año ingresan a México cerca de 500 mil armas ilegales, lo que representa alrededor de 5 millones en la última década. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70% de los homicidios dolosos en el país se cometen con armas de fuego, mientras que el Instituto de Economía y la Paz estimó que la violencia en 2024 tuvo un impacto económico de 4.9 billones de pesos, equivalente al 19.8% del PIB.

En las mesas, la doctora Áurea Grijalva, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, abrió con un análisis sobre los efectos socioeconómicos del tráfico de armas en México. Señaló que este fenómeno no solo potencia la violencia criminal, sino que deteriora ámbitos esenciales como la educación, la salud y la cohesión comunitaria. Explicó que, al estar asociadas con el crimen organizado, las armas ilegales generan un clima de inseguridad que obstaculiza el desarrollo social y económico de las comunidades más vulnerables.

El doctor Willy Cortés, investigador del CUCEA, expuso sobre el impacto económico del tráfico de armas. Destacó que el ingreso de cientos de miles de armas ilegales al país cada año se traduce en un círculo vicioso que eleva los costos de la violencia para el Estado y para la sociedad. Subrayó que estos flujos afectan la productividad y el comercio local, ya que generan desestabilización y obligan a destinar grandes recursos públicos a seguridad y atención de víctimas en lugar de a inversión social o infraestructura.

Los ponentes coincidieron en que la proliferación de armas no solo alimenta la violencia criminal, sino que también genera un deterioro en la educación, la salud, el comercio local y la cohesión social. Por ello, insistieron en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, impulsar observatorios académicos y promover políticas públicas orientadas a reducir la disponibilidad de armas en el país.

GR