El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) expresó su profunda preocupación por la actuación de las autoridades estatales ante las graves violaciones de derechos humanos registradas durante y después de la manifestación del pasado 15 de noviembre en Guadalajara. De acuerdo con la organización, la respuesta estatal fue desproporcionada y replicó patrones históricos de represión en Jalisco.
A partir de testimonios de familiares, material audiovisual y registros periodísticos, el CEPAD documentó detenciones arbitrarias y violentas cometidas por policías uniformados y elementos vestidos de civil, quienes habrían asegurado incluso a personas que no participaban en la protesta. Las personas detenidas, señala el comunicado, fueron víctimas de agresiones físicas que podrían constituir actos de tortura o tratos crueles; además, permanecieron incomunicadas y su puesta a disposición ante autoridades ministeriales se retrasó sin justificación.
El organismo denunció que varias detenciones no fueron registradas oportunamente en el Registro Nacional de Detenciones, lo que podría configurar desapariciones forzadas de corta duración. A ello se suman reportes de robo de pertenencias y la negación del derecho a una defensa técnica adecuada.
Particular preocupación generó para el CEPAD la actuación del juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz, quien el 18 de noviembre calificó como legales detenciones que la organización señala como violentas y con múltiples irregularidades. El comunicado recordó que el juzgador ha sido señalado previamente en diversas recomendaciones por omisiones en casos de tortura y detenciones arbitrarias.
La organización también denunció que familias de las personas detenidas fueron impedidas de ingresar a la audiencia y de comunicarse con sus familiares, generando mayor angustia e incertidumbre. Además, solo dos defensores de oficio fueron asignados para atender a 39 detenidos, lo que consideraron una violación al derecho al debido proceso.
Otro señalamiento del CEPAD recae en las declaraciones públicas del Secretario General de Gobierno, del Secretario de Seguridad y del gobernador Pablo Lemus Navarro, a quienes acusó de estigmatizar a las personas detenidas y vulnerar su presunción de inocencia, contribuyendo a una condena mediática anticipada y legitimando la violencia estatal.
Asimismo, criticó la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que —según la organización— no se ha pronunciado con firmeza ante las violaciones documentadas e incluso inicialmente validó el actuar policial.
🚨 #Pronunciamiento| Desde el CEPAD exigimos libertad inmediata, justicia y respeto al debido proceso para las personas detenidas arbitrariamente tras la protesta del 15N.
— CEPAD (@CEPAD_AC) November 20, 2025
La represión estatal y la impunidad no pueden repetirse.🛑
consulta el pronunciamiento aquí:… pic.twitter.com/gJKTgROyZS
El CEPAD advirtió que estos hechos forman parte de un patrón histórico de represión en Jalisco, con antecedentes como los operativos del 28 de mayo de 2004 y los del 4, 5 y 6 de junio de 2020, entre otros episodios recientes.
La organización exigió que la audiencia de vinculación a proceso programada para este 20 de noviembre se realice conforme a derecho y que se determine la no vinculación y liberación inmediata de quienes considera fueron detenidos arbitrariamente. También pidió garantizar el debido proceso, permitir que las personas acusadas lleven su proceso en libertad e investigar de manera inmediata e imparcial las violaciones cometidas.
Finalmente, urgió a publicar el decreto que crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, con el fin de fortalecer los mecanismos de investigación independiente y evitar que estos hechos se repitan.
GR
