El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió, mediante un pronunciamiento público, que haya transparencia en el proceso judicial en contra de las personas detenidas tras las manifestaciones del 15 de noviembre, que se apeguen a la legalidad, se les libere y se investigue a los policías que cometieron violaciones a derechos humanos.
En el documento, el Cepad recriminó el actuar del Estado en general, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Judicial, pues notaron omisiones y violaciones a derechos humanos en ambas partes.
Por un lado, lamentaron que el caso esté en manos de un juez que ha sido señalado en recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en reiteradas ocasiones, de omiso en casos de detenciones arbitrarias y tortura, incumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en la materia. El juez declaró legal la detención de las personas el 18 de noviembre.
🚨 #Pronunciamiento| Desde el CEPAD exigimos libertad inmediata, justicia y respeto al debido proceso para las personas detenidas arbitrariamente tras la protesta del 15N.
— CEPAD (@CEPAD_AC) November 20, 2025
La represión estatal y la impunidad no pueden repetirse.🛑
consulta el pronunciamiento aquí:… pic.twitter.com/gJKTgROyZS
Por otro lado, las autoridades designaron sólo a dos defensores públicos para 39 personas, lo que puede imposibilitar una correcta defensa, precisó el Cepad. Otra de las omisiones, por parte del Ejecutivo, es no reconocer ni investigar las detenciones arbitrarias y demás violaciones a derechos humanos cometidas durante las detenciones.
“Vemos con seria preocupación que las declaraciones del Secretario General de Gobierno, del Secretario de Seguridad y del propio Gobernador, Pablo Lemus Navarro, han contribuido a estigmatizar a las personas detenidas y vulnerar la presunción de inocencia, configurando condenas mediáticas anticipadas. Además, sus mensajes legitiman la violencia estatal, así como condicionan la actuación judicial”.
También recriminaron que a las familias no se les permite estar en las audiencias y a las personas detenidas se les mantiene incomunicadas, lo que también configura una violación a derechos humanos. Por todo esto, lamentaron el actuar de la CEDH dado que no se ha posicionado sobre las detenciones arbitrarias.
Por último, recordaron que lo ocurrido el 15 de noviembre no es un hecho aislado, sino un modelo sistemático que el gobierno de Jalisco tiene para reprimir las manifestaciones, pues ha ocurrido antes y no se han dado garantías de no repetición.
fr
