El segundo semestre de la administración federal plantea una serie de elementos complejos de gestión pública. El reforzamiento del peso que establece ahora el Poder Ejecutivo comienza a destacarse como un factor de enredadas maniobras políticas, que han comenzado a plantear la necesidad de cambios en la estructura de gobierno.
La renuncia del titular en la Fiscalía General de la República (FGR) plantea varios puntos complejos, en los que la operación organizativa para determinar la renuncia-destitución se realizó sin respetar los procedimientos administrativos y, por otra parte, dentro de un velo enorme de dudas respecto a los tiempos, el procesamiento y las declaraciones, contradictorias, respecto de la decisión de cambio.
El marco institucional de la renuncia, en un puesto irrenunciable, coloca en primera instancia la dimensión de autonomía de la FGR que, constitucionalmente, forma una instancia autónoma que, en principio, no depende de las decisiones administrativas de otros espacios de la administración pública. Con este escenario, recobra nuevamente relevancia e importancia el tema de la reforma judicial para establecer los mecanismos que ofrezcan, definitivamente, certidumbre en lo referente a las decisiones judiciales y legales.
Además de las dificultades inherentes a la FGR, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece una medida de carácter ideológico y no legal sobre el hecho de determinar la revisión de casos, ya resueltos, con sentencias definitivas, con lo que el esquema de “cosa juzgada” se elimina para establecer no una revisión del torrente de asuntos que tienen este momento, sino a revisar líneas de análisis sobre temas concluidos y de los cuales las decisiones después del desarrollo de los procedimientos correspondientes, con los pasos y momentos que se formularon para ello, se nulifican ante una nueva revisión del pasado por parte de la SCJN.
Estos aspectos, en el marco de la revisión en 2026 del TMEC, representa para los socios comerciales un esquema en el que el sistema de justicia resulta muy complicado de gestionar, ante la inestabilidad de poder tener decisiones judiciales firmes en la proyección de los acuerdos trilaterales para el desarrollo comercial.
Dentro del mismo marco de acontecimientos, la gestión con los transportistas y los agricultores finalmente llega a una serie de acuerdos que se perfilan frágiles respecto a la profundidad de las demandas de ambos sectores. La definición de apoyos a los agricultores en los precios oficiales, poco rentables para ese sector y, por otra parte, la garantía de buscar que la movilidad en las carreteras del país se convierta en una forma en la que los transportistas puedan tener certeza de una pacífica y segura circulación.
Las dificultades que se han experimentado se sustentan en la necesidad de generar políticas públicas convergentes entre los diferentes sectores de gobierno. La necesidad de estructurar proyectos institucionales que permitan gestionar, de manera convergente, el manejo de las diferentes crisis por las que se está atravesando. El desarrollo de estos espacios de crisis no ha enfrentado a otras fuerzas políticas, como las oposiciones que incrementen el nivel de necesidad de consensos de gobierno y no de misión ideológica en donde lo que se requiere es habilidad de gestión.
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