El comentario emitido desde la Presidencia, la semana pasada, en el sentido de seguir avanzando en el tema de la reforma electoral definitivamente plantea una serie de interrogantes importantes en la medida en que el perfil de desarrollo de este año se presenta con una fuerte presión externa, específicamente nuestra relación con los Estados Unidos y, por otra, la representación política del país, que, de seguir la lógica con la que ha evolucionado el tema de la reforma, no parece ser una reforma producto de una discusión plural, sino como una disposición de política de gobierno, sin la presencia de contrapesos o de posturas de los diversos espacios de participación política que se encuentren contenidos en el desarrollo de la mencionada reforma.
En lo referente a la política externa, la revisión del TMEC tiene un grado de complejidad que no se había presentado en ocasiones anteriores en la medida que el gobierno norteamericano plantea que la apertura de sus fronteras al comercio no es independiente de la eficacia de México en la contención de la migración y el combate al tráfico de fentanilo.
Bajo ese ángulo de cosas, el tema del desarrollo comercial con la región no se tratará de un asunto técnicamente sustentado en el desarrollo de los intercambios comerciales y la relación con los diversos mercados externos, básicamente porque la presión o coacción arancelaria constituye un factor de mucha inestabilidad para México, en la medida en que los factores técnicos comerciales no serán, en definitiva, los elementos que marquen la ruta comercial, sino el de los intereses norteamericanos que, además de cambiantes, serán presión permanente para orientar los pasos del desarrollo económico nacional.
Por otra parte, en el escenario interno, la reforma electoral constituye un paso extremadamente complejo porque se articula desde una sola óptica un sistema que tradicionalmente había sido procesado por los partidos políticos y los actores sociales, tratando de determinar, por acuerdo entre todas las instancias involucradas, las transformaciones que implican la forma en que todas estas instancias consideren los mejores elementos de representación. Los efectos de la reforma planteada recaerían sobre una reducción de legisladores, la posible desaparición de los órganos electorales estatales y una compleja asfixia presupuestaria.
La falta de un auténtico consenso plural para el desarrollo de esta propuesta no deja espacio de participación con voz y voto de las minorías que han sido parte importante en las negociaciones y, sobre todo, de representación de los espacios de deliberación nacional. Con ello se desdibuja una legitimidad del proceso y se ve como un diseño institucional a la medida que debilita la participación de contrapesos importantes en una democracia, dada la poderosa centralización mostrada en el proyecto. Se trata más de una política de gobierno que de una discusión buscando la consolidación de esquemas de mejor equilibrio de participación política plural.
Las presiones externas que se han manifestado por parte de Estados Unidos como un coordinador de la economía mexicana tendrán efectos arancelarios complejos. El gran tema es tener la preparación y el conocimiento para abordar estos escenarios sin dejar de lado la legitimidad democrática.
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