Para la nueva administración federal, este inicio de año ha representado una zona permanente de retos y de turbulencias constantes. Paradójicamente y a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en los Estados Unidos con el resurgimiento en el mapa electoral del Partido Demócrata y de las cuestionables decisiones de los republicanos, con el presidente Trump a la cabeza, en el territorio local la inestabilidad y convulsiones no resultan de una confrontación con las oposiciones, sino con una fragmentación y deterioro interno de uno de los grupos con mayor poder en las últimas tres décadas.
Movimientos de alto impacto político, como lo fueron las remociones de Adán Augusto López de la coordinación política del grupo en el Senado, la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y, con un mayor peso simbólico que organizacional, por el estatus que representa, la remoción de Marx Arriaga en la SEP, se han llevado a cabo no sin controversias. No se observa en las destituciones argumentos técnicos de eficiencia, sino, evidentemente, componentes políticos profundos en la nueva ingeniería de control. A un año de trabajo, se revelan señales prematuras de desgaste.
El reto al que se perfila el movimiento en el poder son las elecciones intermedias de 2027. Ciertamente parece una época distante, sin embargo, las diversas tendencias han hecho patente su interés por mantener su preponderancia de grupo. No obstante, ante la ausencia de una oposición manifiesta, los conflictos se experimentan al interior del grupo. Por ejemplo, se evidencian las fricciones aliadas, es decir, las respuestas beligerantes del PT y el PVEM ante la postergada reforma electoral, donde ambos partidos buscan asegurar su supervivencia y cuotas de poder frente a un Morena que intenta centralizar el control. Independientemente de los partidos satélite, la integración de grupos de fuerza internos de la hegemonía, la conformación de liderazgos regionales que no buscan sostenerse en la estructura federal, sino en el mantenimiento de los controles locales, el área metropolitana de la Ciudad de México y el complejo entramado de las diputaciones locales y federales, muestra una rígida correlación de fuerzas que han postergado la discusión nacional sobre la reforma electoral que se discute al interior del grupo y no de manera abierta.
Se han generado tensiones superlativas con la salida editorial de un libro de Julio Scherer, anterior jefe de la Consejería Jurídica de la Presidencia en el sexenio anterior. De primera mano, describe en importantes trazos mecanismos de corrupción de las redes de poder, principalmente llevadas a cabo por el responsable de la propaganda y comunicación de ese sexenio.
El desgaste de la marca, por otra parte, no acontece en el vacío, en la medida en que nos encontramos en la antesala de la revisión del TMEC. Nuestro país no llega con elementos sólidos de negociación, con una economía estancada y con un sistema de justicia que presenta más dudas que certezas para la negociación internacional. Se requiere, pues, una gobernabilidad estable para enfrentar los retos del segundo año.
jl/I
