El inicio del experimento

A partir del inicio de este mes que ya se termina comenzaron las funciones del nuevo Poder Judicial que, dentro de la perspectiva teórica, constituye un poder que tiene como actividad fundamental mantener la vigencia del Estado de derecho en nuestro país, a partir de una correcta y adecuada vigilancia de la interpretación de la Constitución, que permita sostener un esquema de equidad y justicia que, basado en el funcionamiento de la legalidad dentro del marco constitucional, todos los actores e instituciones en nuestro país deben acatar.

El desarrollo de la transformación y abrupto cambio de todo un poder, definitivamente, puede ofrecer algunos elementos de cierta pertinencia con factores positivos, en la medida en que se pueda comprender que la metamorfosis implique áreas claras de abordaje de la realidad nacional, porque ahí se generan diferentes tipos de controversias que, basadas en el cuerpo normativo que el país tiene, se deben dirimir a partir de una razonable interpretación constitucional; y ahí el tema es que no se establecen las resoluciones en función de simpatías o mayorías, sino precisamente, de la interpretación del marco legal en el que se desarrollan las actividades generales y no de la discrecionalidad política.

Algunos problemas se han comenzado a vislumbrar con el inicio de actividades del nuevo orden judicial y, marcadamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El discurso que se ha comenzado a desarrollar en la SJCN tiene un marcado sesgo de reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias. Esta circunstancia es muy importante y, permanentemente, constituye un elemento que debe tener la mayor atención; sin embargo, la perspectiva del abordaje de la dimensión judicial general del país no ha quedado claro. La transformación de ese poder no deja claro si las decisiones judiciales se elaborarán en función de las simpatías sociales de algunos de los jueces, en la medida en que éstos obtuvieron sus correspondientes posiciones por elección general.

Por otra parte, la autonomía del Poder Judicial no quedó clara, en la medida en que, en el presupuesto constitucional correspondiente a ese poder, lo revisó, organizó y corrigió el Poder Ejecutivo que, además, señaló en la conferencia matutina: “Los nuevos ministros no corrigieron eso, no necesariamente porque estén de acuerdo o no, sino que, a lo mejor, no les dio tiempo porque llegaron y se tenía que enviar el presupuesto. Entonces, nosotros sí estamos orientando o es nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte del Poder Judicial”.

Por otra parte, en el inicio de un ejercicio de austeridad se ha contratado a una cantidad impresionante de asesores de los jueces, al punto que más de 60 solicitaba el presidente de la SCJN.

Definitivamente, la relevancia no se trata de las pintorescas anécdotas que se han suscitado desde el inicio de funciones del nuevo Poder Judicial. Lo esencial es ¿qué sucede con el Estado de derecho? La justicia, la equidad y la viabilidad jurídica no pueden desarrollarse en un ejercicio inestable. ¿Qué seguirá?

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