El avance del calendario político evidencia una creciente preocupación en torno a la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. El proceso actual, marcado por la desarticulación, revela fallas estructurales en el denominado Plan B, cuyas propuestas parecen haber sido redactadas sin el orden técnico ni la coherencia institucional necesarios.
Aunque la presentación inicial de la titular del Ejecutivo proyectaba una racionalidad centrada en la austeridad y en la reducción del poder de las cúpulas partidistas para nominar cuadros –sugiriendo que la democracia directa sustituiría el arbitrio de las élites–, estos elementos no se tradujeron con fidelidad en los proyectos enviados al Legislativo. Al delegar la corrección de estas ambigüedades al Congreso, se hizo patente no solo la dificultad operativa del proyecto, sino también una preocupante confusión entre las funciones de la administración pública y los intereses del partido en el poder.
Entre otros, un aspecto crítico en este diseño legal es la omisión de la paridad de género, omisión que generó descontento incluso en los sectores del oficialismo. Sin embargo, para el Ejecutivo, este tema parece no haber tenido la relevancia estratégica que sí posee la revocación de mandato. Originalmente, esta figura constitucional, es un recurso ciudadano para manifestar desacuerdo con un gobernante cuyos resultados no cumplen con las expectativas de campaña. Es, por definición, un mecanismo que debe activarse desde la ciudadanía.
No obstante, la intención de empatar este proceso con la jornada electoral intermedia busca alterar la naturaleza del recurso. Al colocar la permanencia de la mandataria en la boleta se garantiza la participación dinámica y activa del Ejecutivo en la contienda, lo que genera una inequidad profunda frente a otros candidatos. La presencia de una figura de alto impacto en el proceso electoral funciona como un imán para captar votos de indecisos, desvirtuando la neutralidad competitiva. El principio de equidad se vería trastocado y, definitivamente, el carácter y sentido que tiene la elección intermedia se vería altamente influenciado por esta intervención.
Por otro lado, el nuevo diseño erosiona la autonomía de las entidades federativas. Las resoluciones establecen, al margen de los órganos locales de gobierno, una reducción obligatoria de los Congresos estatales y de los cabildos municipales. Este escenario plantea problemas de una profundidad que no puede resolverse con la premura que exige la hegemonía política actual. Una transformación de tal magnitud requiere de una discusión amplia y plural que involucre a diversos actores sociales y políticos, ya que no remite únicamente a la dimensión electoral, sino a una reforma integral del Estado.
Finalmente, las dificultades que experimenta este proyecto son el resultado de una falta de oficio profesional en materia de diseño institucional. Las propuestas se han topado con la resistencia de una estructura de mayor jerarquía: la Constitución. Un debate sobre los alcances de una reforma que toca las fibras del Estado no puede ser, bajo ninguna circunstancia, facultad exclusiva de una sola fuerza política. La solidez de la democracia depende de que el diseño de sus reglas sea el fruto del consenso y no de la imposición técnica o política.
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