En una jornada marcada por la tensión y las acusaciones de imposición, Morena y sus aliados aprobaron en fast track la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a las protestas del PRI, PAN y organizaciones de productores agrícolas.
El “madruguete” se concretó luego de que la Comisión de Recursos Hidráulicos avaló el dictamen y, con cambios de última hora ordenados desde la Junta de Coordinación Política, se turnó al pleno, donde la mayoría oficialista dispensó trámites y abrió de inmediato la discusión.
Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, el bloque de la 4T aprobó el dictamen en lo general. Se enlistaron además 529 artículos reservados y 154 oradores para su discusión particular durante la madrugada, con la advertencia de que sólo se aceptarían cambios propuestos por Morena, PVEM y PT.
El diputado Ricardo Monreal presentó un paquete de 18 reservas, aprobado a mano alzada, con el argumento de “aclarar inconsistencias” y desmentir lo que llamó “mitos” y “desinformación” de la oposición. Entre los puntos precisados se incluyó el polémico artículo 22, tema central de las inconformidades de productores y ganaderos.
Afuera del recinto legislativo, rodeado por tractores y manifestantes, la presión del campo cedió parcialmente luego de que Monreal aseguró que el dictamen ya incorporaba soluciones a sus demandas: inclusión del sector ganadero en el régimen de concesiones, regulación de las zonas de libre alumbramiento, eliminación de la negativa ficta y reconocimiento de derechos hereditarios sobre volúmenes de agua.
“Hay mentiras, desinformación e incluso ignorancia de lo que he escuchado de la oposición”, sostuvo el coordinador morenista.
Sin embargo, para organizaciones agrícolas el conflicto no está cerrado. Alberto de Santiago Murillo, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, exigió modificar nuevamente el artículo 22, que establece que los derechos de concesiones y asignaciones no podrán transmitirse, y que cualquier reasignación deberá ser autorizada exclusivamente por la autoridad del agua mediante un nuevo título.
Aunque los bloqueos se retiraron temporalmente, las organizaciones advirtieron que mantendrán la presión en el Senado, a donde el dictamen fue turnado para su revisión final.
GR
