Diversas organizaciones sociales, colectivos y personas defensoras de derechos humanos exigieron la implementación inmediata de medidas de protección para Carlos Beas, defensor de derechos humanos, y para el equipo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), ante una serie de hechos recientes de hostigamiento, intimidación y amenazas ocurridos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
En un pronunciamiento público dirigido a medios de comunicación y a organizaciones de derechos humanos, los firmantes manifestaron su profunda preocupación por el incremento del riesgo contra integrantes de UCIZONI, organización que acompaña la defensa del territorio y los derechos colectivos de pueblos indígenas en la región.
Entre los hechos denunciados se encuentra que el jueves 15 de enero de 2026, alrededor de las 22:15 horas, se escuchó una ráfaga de metralleta en un predio colindante al domicilio de Carlos Beas, ubicado en la colonia Rincón Viejo, en Santa María Petapa. Dos días después, el sábado 17 de enero, un individuo armado fue visto en dos ocasiones afuera del mismo domicilio; al ser confrontado, fingió estar en estado de ebriedad, aunque portaba un arma visible en la cintura.
Asimismo, el martes 20 de enero, alrededor de las 9:40 horas, dos individuos acudieron a las oficinas de UCIZONI afirmando ser supuestos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar una notificación. Sin embargo, se negaron a identificarse y no acreditaron su carácter oficial, lo que fue interpretado como un acto de intimidación.
Las organizaciones alertaron que estos hechos ocurren en un contexto de alta tensión, luego de que el pasado 18 de enero se dio a conocer un acuerdo entre personas afectadas por las obras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el Fondo de Infraestructura del Transporte (FIT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mediante el cual se retiraron denuncias penales contra 14 campesinos y campesinas ayuujk, así como contra tres integrantes de UCIZONI.
A ello se suma el incremento de la presencia de periodistas nacionales e internacionales en la región tras el descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo ocurrido el 28 de diciembre pasado, situación que, advirtieron, ha elevado el riesgo para quienes defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.
En el pronunciamiento, las y los firmantes exigieron la aplicación inmediata de medidas de protección integrales y efectivas para Carlos Beas y el equipo de UCIZONI; el cese de todo acto de hostigamiento, intimidación y vigilancia; una investigación pronta, seria e imparcial de los hechos denunciados; y garantías reales para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el Istmo de Tehuantepec.
Finalmente, señalaron como responsables al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal, a quienes hicieron directamente responsables de cualquier agresión adicional que pudiera ocurrir contra Carlos Beas o integrantes de UCIZONI, ya sea por acción u omisión, y subrayaron que la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas no constituye un delito.
El pronunciamiento se puede leer aquí: https://ntg.mx/9d4
GR
