El Congreso del Estado de Jalisco reunió a organizaciones de la sociedad civil (OSC) y especialistas para discutir una nueva ley de fomento que plantea mayor transparencia, evaluación de impacto, protección a la participación social y coordinación con Municipios, con la intención de actualizar las reglas de colaboración entre el gobierno y la ciudadanía organizada.
Durante la inauguración del foro, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e impulsor de la nueva legislación, Alejandro Barragán Sánchez, explicó que la intención es pasar de un esquema administrativo a uno de corresponsabilidad entre Estado y sociedad, con reglas claras que promuevan el fomento sin excesos de control y que garanticen transparencia sin obstaculizar la operación de las organizaciones.
Por su parte, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Pablo Armando González Ulloa Aguirre expuso que Jalisco ha sido referente nacional en materia de fomento a las organizaciones civiles, aunque señaló pendientes importantes como la ausencia de un reglamento para la ley vigente.
Enfatizó la necesidad de definir con claridad qué debe entenderse por “fomento” para evitar interpretaciones discrecionales según los cambios de gobierno. También propuso incluir principios como progresividad de derechos, protección presupuestal y blindaje institucional para evitar que los programas de apoyo desaparezcan por coyunturas políticas, como ha ocurrido en otros estados.
Por su parte, la académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Edith Roque Huerta explicó que se debe apostar por un proyecto que transite de un modelo de fomento administrativo a uno de gobernanza colaborativa, donde Estado y sociedad civil participen en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
De momento, la iniciativa trabajada por Barragán Sánchez contempla nueve capítulos y 61 artículos que reconocen no solo a organizaciones formalmente constituidas, sino también a agrupaciones y redes ciudadanas. Incluye reglas claras para la asignación de apoyos públicos, mecanismos obligatorios de transparencia, evaluación de impacto social, rendición de cuentas y protección frente a represalias por participación ciudadana.
Entre los principales cambios propuestos se encuentran la creación de un registro interoperable y simplificado, la obligación de publicar apoyos y resultados en formatos abiertos, la incorporación de evaluaciones antes y después de los proyectos financiados, y la coordinación obligatoria con Municipios mediante comités locales vinculados al comité estatal.
Asimismo, se plantea limitar la discrecionalidad en la asignación de recursos mediante criterios técnicos, fortalecer la participación social en el Plan Estatal de Desarrollo e introducir el principio de no criminalización de la actividad ciudadana.
Las y los participantes señalaron que se mantendrán abiertos los canales para recibir observaciones, propuestas técnicas y análisis comparados.
Menos discrecional
La propuesta de ley impulsada por Barragán Sánchez pretende limitar la discrecionalidad en la asignación de recursos a OSC mediante criterios técnicos.
jl/I
