El exconsejero del IFE e INE, Marco Antonio Baños, afirmó que la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta obstáculos no sólo en la oposición, sino dentro de la propia coalición gobernante.
Señaló que los principales puntos de fricción con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México están relacionados con la reducción del financiamiento público a los partidos y con los cambios en la representación proporcional, lo que afectaría a los partidos más pequeños.
Marco Antonio Baños indicó que, en el Senado, se planteó eliminar 32 escaños de lista nacional para dejar la Cámara en 96 integrantes, mientras que en la Cámara de Diputados se mantendrían los 300 distritos de mayoría, pero se modificaría el mecanismo de asignación de las 200 curules de representación proporcional. Estos ajustes podrían alterar la pluralidad y la proporcionalidad en la integración del Congreso.
En cuanto al Instituto Nacional Electoral, expresó preocupación por la reducción presupuestal y por la posibilidad de transformar las juntas ejecutivas locales y distritales en órganos temporales que sólo operen durante los procesos electorales, ya que ello implicaría debilitar la estructura permanente del Servicio Profesional Electoral, que es una de las principales garantías técnicas y operativas de la organización de los comicios.
También alertó sobre los cambios en los organismos públicos locales electorales y en los mecanismos de designación de consejeros y magistrados, lo que podría reintroducir criterios de partidización en cargos que requieren perfiles técnicos e imparciales.
Respecto al financiamiento y la fiscalización, mencionó que, si bien se ha hablado de fortalecer los controles sobre ingresos y gastos partidistas, no se ha abordado de manera explícita la posibilidad de retirar el registro a partidos vinculados con el crimen organizado ni de anular elecciones contaminadas por recursos ilícitos. Consideró que esa omisión es relevante, dadas las evidencias y precedentes jurisdiccionales sobre injerencia criminal en procesos municipales.
Asimismo, señaló que otro punto delicado será la regulación de contenidos en redes sociales, particularmente campañas generadas con inteligencia artificial y difundidas mediante bots, ya que cualquier facultad otorgada a la autoridad electoral deberá equilibrarse con la protección a la libertad de expresión.
Finalmente, sostuvo que el debate de fondo debe centrarse en garantizar una representación proporcional más directa entre porcentaje de votos y escaños, así como en revisar con criterios de equidad la fórmula de distribución del financiamiento público. Subrayó que será indispensable analizar el texto completo de la iniciativa para dimensionar su impacto real en la competencia política y en la calidad de la democracia.
GR
