Este martes 10 de marzo 112 agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo se reunieron en una asamblea extraordinaria para exigir transparencia y rendición de cuentas a su dirigencia; sin embargo, se realizó sin la presencia del secretario general, César Íñiguez González, y del secretario de Finanzas, Carlos Prieto Gómez.
De manera paralela, Íñiguez González encabezó un desayuno al que acudieron alrededor de 15 personas.
La asamblea fue convocada por los propios trabajadores luego de reunir más de 104 firmas certificadas ante notario público, lo que representó cerca de 40 por ciento de los 259 agremiados del sindicato. Los estatutos permiten convocar a una reunión extraordinaria cuando al menos 30 por ciento de los integrantes lo solicita.
A la reunión acudieron 112 trabajadores, cifra que permitió instalar la asamblea, pero no fue suficiente para aprobar resoluciones, ya que los estatutos establecen que se requiere la presencia de la mitad más uno del padrón sindical para tomar decisiones formales.
Previamente, los trabajadores señalaron que, en caso de que los dirigentes no se presenten a rendir cuentas, los informes quedarían sin aprobar y la asamblea podría turnar el caso a la Comisión de Honor y Justicia para iniciar una investigación interna conforme a los estatutos del sindicato.
Antes del encuentro, los agremiados mencionaron que las principales inconformidades hacia con la dirigencia tienen que ver con retrasos en el pago de apoyos funerarios a trabajadores; en algunos casos son hasta por seis meses.
También refirieron el retraso en la entrega de un vehículo que fue sorteado entre los integrantes del sindicato. De acuerdo con su versión, el recurso para adquirirlo estaba disponible desde mediados de 2025, pero el automóvil se entregó hasta finales de febrero de este año.
Los entrevistados aseguraron que cuentan con documentación que respalda estos señalamientos, incluidos comprobantes de pagos e información obtenida mediante solicitudes de transparencia.
Los agremiados también señalaron dudas sobre un supuesto programa interno de ascensos laborales que contempla cuatro plazas con distintos niveles salariales.
Indicaron además que tres de esos salarios coinciden con los montos que percibían familiares del dirigente sindical que recientemente dejaron de laborar en el Congreso.
Según explicaron, hasta ahora no han identificado que exista un programa formal de este tipo ante las autoridades administrativas del Poder Legislativo ni ante las instancias responsables de aprobar movimientos laborales dentro del Congreso.
Finalmente, rechazaron que exista intervención de actores políticos externos o autoridades del Congreso en la inconformidad interna al señalar que se trata de un movimiento impulsado por los propios trabajadores.
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