Lo que deben hacer autoridades federales y estatales lo continúan realizando las familias con personas desaparecidas. Son numerosos los ejemplos de responsabilidades gubernamentales que están solo escritas. En cambio, colectivos y madres buscadoras van a la vanguardia con acciones y propuestas.
El reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, por parte de grupos criminales, ejemplifica la desidia y falta de interés de autoridades.
Colectivos, familias, medios informativos y académicos venían alertando sobre la desaparición de jóvenes que son citados en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque para supuestamente contratarlos con empleos bien remunerados. A esa terminal llegan jóvenes engañados, procedentes de municipios de Jalisco o de otros estados, que son trasladados a sitios de entrenamiento y exterminio. Uno de estos lugares fue el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán.
La respuesta de las autoridades fue, desde diciembre de 2024, instalar en la central de autobuses un operativo. Lo promovieron el gobernador Pablo Lemus Navarro y la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. El año pasado elementos federales, estatales y municipales lograron rescatar a 70 adolescentes y jóvenes. La vigilancia se extendió después a la terminal de Zapopan y a la vieja central camionera, sin que autoridades informen de los resultados.
El modelo de operativo se ha propuesto ampliarlo a todas las centrales camioneras del país, por ser el reclutamiento forzado una práctica criminal que ocurre dentro o en las inmediaciones de las terminales. La Cámara de Diputados tiene desde hace casi un año una iniciativa presentada por Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano, y Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, para establecer nuevos mecanismos de seguridad, como solicitar identificación a quienes adquieran boletos para viajar en autobús.
Sin embargo, la iniciativa está congelada. Impedir el reclutamiento forzado no es un asunto prioritario para los legisladores federales, enfrascados más en salvar sus privilegios y su futuro político ante la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El reclutamiento con engaños tiene otras vías: las redes sociales y plataformas a las que acceden jóvenes mexicanos. Se tienen registrados numerosos casos de su uso para enganchar a las víctimas, cuyos cuerpos luego aparecen sin vida.
En una medida que desde hace años debió impulsar el gobierno federal, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó la semana pasada que convocaron a Tik Tok y a Meta (Facebook e Instagram) a una reunión urgente para atender el reclutamiento forzado de jóvenes, dado que en estas plataformas existen vacíos en la verificación de publicaciones y perfiles fraudulentos.
Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, familias con personas desaparecidas tomaron la iniciativa y anuncian que se reunirán con dichas plataformas digitales. Las propuestas que desean analizar con representantes de Tik Tok, Facebook e Instagram incluyen puntos como la verificación obligatoria de ofertas de trabajo dirigidas a jóvenes; detección de patrones vinculados al reclutamiento y la desaparición, y mecanismos de denuncia con respuesta prioritaria.
El reclutamiento es tan grave, que la revista ‘Nature’ advierte que los cárteles reclutan más personas de las que pierden por detenciones o muertes, lo cual explica el crecimiento de las organizaciones delictivas. La investigación que encabezó el matemático Rafael Prieto-Curiel, estima que estas organizaciones incorporan entre 350 y 370 nuevos integrantes por semana. Solo en 2021 habrían reclutado cerca de 19 mil 300 personas, frente a 12 mil 200 bajas por arrestos o enfrentamientos.
Los cárteles usan de carne de cañón a miles de jóvenes, entre ellos de Jalisco.
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