Aún no se ha precisado una fecha en el calendario oficial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para analizar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) sobre la situación de las desapariciones forzadas en México.

Sin embargo, es probable que se programe para su debate formal durante el periodo 81 de sesiones, cuya apertura será el 8 de septiembre de este año. Ese mes, habrá una semana de alto nivel programada del 22 al 28.

El gobierno federal mexicano rechazó la decisión del CDF, con el pobre argumento de que el informe omitía los esfuerzos institucionales y no reflejaba la realidad actual del país. No obstante, miles de familias mexicanas con personas desaparecidas consideran que la posible cooperación de la ONU es una oportunidad histórica para romper el ciclo de impunidad. Lejos de percibirlo como una sanción o amenaza contra México, colectivos buscadores esperan que la intervención internacional obligue al Estado mexicano a modificar su fallida estrategia.

El CDF pone a consideración de la Asamblea General de la ONU la necesidad de adoptar acciones orientadas a “brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado” y “establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.

Al no encontrar soluciones en el país, la esperanza de las familias mexicanas buscadoras está puesta en la Asamblea General de la ONU.

Para conocer los antecedentes, una de las miradas la aporta Amnistía Internacional (AI) en su reciente informe ‘La situación de los derechos humanos en el mundo’. En el caso de México señala que la cifra de personas desaparecidas aumentó en 2025 un 10.5 por ciento respecto al año anterior. En diciembre de ese año, el número de casos de personas desaparecidas y no localizadas ascendía a 133 mil 500.

“Ante la respuesta deficiente de las autoridades, familiares de las personas desaparecidas -en su mayoría mujeres organizadas en colectivos- realizaron labores de búsqueda por su cuenta y encontraron cientos de restos humanos, algunos de ellos calcinados, y fosas clandestinas”. Esas búsquedas, advierte AI, entrañaban un alto riesgo y quienes las llevaban a cabo eran objeto de amenazas, extorsiones, desaparición y asesinato. Durante el año fueron asesinadas seis personas buscadoras (cuatro mujeres y dos hombres).

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado mexicano que reconociera formalmente a las mujeres buscadoras como categoría específica de personas defensoras de los derechos humanos, monitoreara la violencia específica que sufrían, les garantizara medidas de protección con perspectiva de género, les proporcionara reparación integral del daño y las incluyera en los procesos de verdad y memoria.

El informe denuncia que en 2025 no se actualizaron los datos oficiales sobre el número de fosas clandestinas localizadas. Los colectivos de búsqueda encontraron fosas en al menos 10 estados del país. En marzo, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en Teuchitlán, Jalisco, un campo de reclutamiento forzado “que podía haber sido también un campo de exterminio”, en el que había indicios de asesinatos, lo que conmocionó a la sociedad mexicana.

Las autoridades habían tenido conocimiento de la existencia del campo en Teuchitlán seis meses antes de que el colectivo lo hiciera público, pero no iniciaron investigaciones inmediatas sobre las posibles personas desaparecidas, ni indagado sobre la posible existencia de fosas.

La Asamblea General de la ONU podría marcar nuevo rumbo a la fallida estrategia mexicana sobre las desapariciones.

GR