Se condensan años de descomposición. Lo que se acumula en estos meses no son solo hechos aislados, sino indicios cada vez más difíciles de ignorar. La erosión del Estado, la normalización de la violencia y la relación con Estados Unidos marcada por la desconfianza mutua y los dobles discursos.
La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya no sorprende en Sinaloa, solo a los morenistas. Cuando la sospecha de vínculos entre poder político y crimen organizado deja de escandalizar, significa que la sociedad ha sido empujada a convivir con lo inaceptable.
La reacción del gobernador, negarlo todo. Es predecible; la de la clase política, cerrar filas, también. Pero el problema no es sólo jurídico, es estructural: ¿cuántos cargos públicos están bajo la sombra de los intereses criminales?
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum abre otra grieta que se está profundizando conforme pasan los días. Exigir pruebas es correcto en términos formales, pero insuficiente en el fondo. Porque mientras el discurso oficial pide evidencias, en los hechos se percibe una estrategia para encuadrar el caso como un conflicto político bilateral.
La historia reciente ofrece precedentes incómodos: cuando el general Salvador Cienfuegos fue devuelto a México, la narrativa de soberanía terminó siendo un escudo de impunidad. Hoy, el reloj está corriendo: hay solo 60 días para formalizar extradiciones. No es un detalle técnico, es una cuenta regresiva que pondrá a prueba si el gobierno mexicano defiende la ley o protege a los suyos.
El dilema que tiene la señora presidenta es brutal: permitir que el caso avance podría destapar redes de corrupción profundas; bloquearlo implicaría tensar una relación estratégica con Estados Unidos. Pero intentar las dos cosas, o sea, simular cooperación mientras se contiene el daño político, sólo agrava la desconfianza.
La captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna confirma que la infiltración criminal no distingue uniformes castrenses. El llamado ‘huachicol fiscal’ no es una actividad marginal: es un esquema sofisticado que involucra instituciones, aduanas y complicidades de alto nivel. Si Argentina decide extraditarlo, México enfrentará otra prueba incómoda; si no, quedará la sospecha de que la verdad se negocia en silencio.
En nuestro estado, la violencia sigue marcando el ritmo. El asesinato del regidor en Talpa de Allende no es un caso aislado: es el tercero en Jalisco en menos de un año. Ser funcionario municipal se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La pregunta ya no es si hay seguridad, sino si existe alguna estrategia efectiva para proteger a quienes gobiernan en la primera línea.
Y cuando el Estado presume eficacia, como en la detención de Audías Flores Silva, ‘El Jardinero’, la realidad del narco responde con bloqueos, incendios y control territorial del crimen. La captura ‘quirúrgica’ se diluye frente a la reacción inmediata de grupos que siguen operando con capacidad de desestabilización. El amparo que frena su extradición revive la sospecha de que los procesos judiciales terminan protegiendo más de lo que castigan.
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