El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no ha cumplido con los compromisos establecidos tras el aumento a la tarifa del agua aprobado en 2025, denunciaron diputadas y diputados de la bancada de Hagamos en el Congreso de Jalisco, quienes señalaron falta de informes, retrasos en diagnósticos y ausencia de un plan para mejorar el servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
En rueda de prensa, el diputado Tonatiuh Bravo recordó que el decreto aprobado el 3 de julio de 2025 estableció compromisos específicos para el organismo, entre ellos un diagnóstico integral de planeación, un plan de acción, informes trimestrales sobre el uso de recursos adicionales y auditorías externas completas.
Explicó que el diagnóstico que debía entregarse 60 días después del decreto se presentó fuera de plazo y con un contenido mínimo de 17 páginas, muy por debajo del diagnóstico entregado en 2014 que tenía 482 páginas, lo que, dijo, impide dimensionar con claridad los problemas del sistema.
El plan de acción integral que debía presentarse 90 días después del decreto no ha sido entregado. También señalaron que el SIAPA no ha presentado los informes trimestrales obligatorios sobre el destino de los recursos generados por el aumento tarifario, lo que impide al Congreso verificar que el dinero se esté destinando a infraestructura, calidad del agua y mejora del servicio.
La diputada Valeria Ávila añadió que tampoco se han presentado indicadores comprometidos como evaluaciones de eficiencia operativa, análisis de calidad del agua por zonas, estatus de cartera vencida o reportes claros sobre el destino de los recursos adicionales.
Por su parte, el diputado Enrique Velázquez señaló que el SIAPA arrastra problemas estructurales desde hace años y que, pese a créditos y recursos aprobados para mejorar la infraestructura hidráulica, los resultados siguen sin reflejarse en la calidad del servicio.
También indicó que mañana el director del SIAPA acudirá a la Comisión de Hacienda del Congreso para revisar las auditorías entregadas y posteriormente comparecerá ante el pleno, luego de que así lo aprobó el Poder Legislativo.
Los legisladores señalaron que desde el Congreso se ejercerá la facultad de control y evaluación del organismo para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos tras el incremento tarifario.
Advirtieron que, de no haber resultados ni un plan claro de reestructuración, el Congreso difícilmente podrá seguir respaldando financieramente al organismo.
Finalmente, subrayaron que la prioridad debe ser garantizar un servicio digno para la ciudadanía, pues advirtieron que la situación actual podría convertirse en un problema de salud pública si no se atiende con rapidez.
CES
