La reforma constitucional que se promueve en el Congreso de la Unión para combatir el feminicidio, ya avalada por cierto en el Senado de la República, debería plantear acciones específicas para entidades como Jalisco, donde la violencia contra las mujeres ocurre en contextos agravados por el crimen organizado y deficiencias en la investigación, advirtió la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza.
“Jalisco es un estado con un contexto grave de violencia feminicida que se queda más allá del ámbito doméstico y, además, de asesinatos cometidos con arma de alto calibre en un contexto grave de violencia. Es un estado con declaratoria de alerta de género. La ley, de lo que conocemos, no está incorporando los contextos graves de la violencia del crimen organizado donde está Jalisco, Guanajuato, contextos graves donde requiere que la autoridad haga análisis de contextos”, explicó.
De acuerdo con Estrada Mendoza, el principal desafío no radica en la falta de normas, sino en su aplicación. En ese sentido, señaló que en Jalisco existe una brecha significativa entre la violencia real y su reconocimiento legal.
“En Jalisco solamente han acreditado 34 casos del año pasado de más de 150 casos de muerte por homicidio, porque aquí son homicidios dolosos”, expuso.
La activista precisó que, pese a contar con protocolos, la entidad enfrenta debilidades estructurales, entre ellas la falta de especialización en fiscalías regionales; además, persiste la práctica de clasificar muertes violentas como homicidios, suicidios o accidentes sin aplicar perspectiva de género desde el inicio
Además, explicó que la eventual aprobación de la ley obligará a Jalisco a armonizar su Código Penal con los lineamientos federales, lo que podría implicar la eliminación de algunas causales como “razones de género por homofobia”.
La directora del OCNF alertó que, de desaparecer estas causales, personas ya sentenciadas podrían recurrir al principio de retroactividad para solicitar la reducción de penas o incluso su liberación.
Finalmente, agregó que la propuesta federal también plantea penas de entre 40 y 70 años de prisión, mientras que en Jalisco la sanción máxima actual es de 60 años.
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