…búsqueda sin justicia es impunidad y justicia sin búsqueda es inhumanidad
Carmen Rosa Villa Quintana
Hay informes que se leen como trámite burocrático. Y hay otros –como “La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas”– que deberían leerse como una acusación. No contra un gobierno en particular, sino contra una forma de Estado que ha aprendido a convivir con el horror.
El diagnóstico del Sistema de Naciones Unidas es incómodo porque desmonta la coartada más utilizada por el poder en México: la de que la violencia es un problema “externo”, atribuible al crimen organizado, como si el Estado fuera una víctima más. En demasiados casos, el Estado aparece como cómplice, por acción directa o por esa forma sofisticada de participación que es la omisión sistemática.
La desaparición forzada no es una anomalía: es una práctica tolerada en los márgenes de la legalidad. Y cuando una práctica se vuelve tolerable, deja de ser un accidente y se convierte estructural. Durante años, el discurso oficial ha intentado encapsular la tragedia en cifras, como si contar desaparecidos fuera equivalente a comprenderlos. Pero los números –decenas de miles– no dicen lo esencial: que en México desaparecer es fácil, buscar es heroico y encontrar justicia es prácticamente imposible.
El informe retoma lo que el Comité contra la Desaparición Forzada ha señalado reiteradamente: la línea entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares es borrosa porque la ausencia del Estado también es una forma de presencia. Cuando la autoridad no investiga, no previene y no sanciona, está participando.
El colapso forense es quizá la imagen más brutal de esta descomposición. Cuerpos sin nombre, fosas saturadas, restos que se acumulan en refrigeradores como si fueran expedientes olvidados. El Estado mexicano no solo ha perdido el control del territorio; ha perdido la capacidad de nombrar a sus muertos. Y cuando un Estado no puede nombrar a sus muertos, ha renunciado a una de sus funciones más básicas: reconocer la existencia de sus ciudadanos.
Frente a esta retirada institucional, han sido las madres buscadoras quienes han ocupado el vacío. Con picos, palas y una dignidad que incomoda al poder, hacen lo que el Estado no quiere –o no puede– hacer: buscar a los desaparecidos. Pero este fenómeno, que suele celebrarse como ejemplo de resiliencia social, debería leerse como una señal de alarma democrática. Cuando la ciudadanía sustituye al Estado en funciones esenciales, lo que está en juego no es solo la eficacia gubernamental, sino la propia idea de soberanía. México se está trasformando en un Estado que administra discursos y una sociedad que administra tragedias.
El informe insiste en recomendaciones técnicas: fortalecer fiscalías, mejorar registros, profesionalizar peritos. Necesario, pero insuficiente. El problema no es únicamente de capacidades, sino de voluntad: ¿puede un Estado reformarse a sí mismo cuando parte de sus estructuras están implicadas –directa o indirectamente– en el problema?
La desaparición forzada no es solo una tragedia humanitaria. Es la evidencia de que el pacto entre Estado y ciudadanía está roto. En teoría, El Estado existe para garantizar la vida, la libertad y la seguridad; en la práctica, en amplias regiones del país no garantiza ninguna de las tres. Y cuando eso ocurre, lo que desaparece no son solo personas: desaparece el mismo Estado.
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