En 1971, Roland Huntford publicó ‘The New Totalitarians’, un libro incómodo que lanzó una tesis provocadora: el totalitarismo ya no necesitaba botas, censura abierta ni partido único. Podía vestirse de bienestar, consenso y legitimidad democrática. El control no se impondría por el miedo, sino por la internalización de un marco moral único. No haría falta prohibir la disidencia si esta podía volverse socialmente ilegítima.
Medio siglo después la pregunta no es si México vive un régimen totalitario. No lo vive. En apariencia hay elecciones competitivas, oposición formal y prensa crítica (claro, con sus asegunes). La pregunta pertinente es otra y más inquietante: ¿estamos transitando hacia una democracia hegemónica donde el pluralismo sobrevive en la forma, pero se adelgaza en la sustancia?
La 4T no se presenta solo como gobierno. Se presenta como corrección histórica. No administra el poder; lo moraliza. Divide el campo político entre “pueblo” y “conservadores”, entre “transformación” y “neoliberalismo”. En ese marco, disentir no es simplemente discrepar: es situarse del lado equivocado de la historia. Ese desplazamiento simbólico importa. Cuando la contienda política se redefine como conflicto moral, la oposición deja de ser adversario legítimo y se convierte en obstáculo ético. No se le prohíbe competir; se le niega autoridad moral.
Huntford advertía que el nuevo totalitarismo no cancela la libertad formal. La encapsula dentro de una cultura dominante que reduce el espacio efectivo de alternativas. En México, la expansión masiva de programas sociales –más de 25 millones de beneficiarios directos en distintos esquemas federales– no es en sí problemática. El problema aparece cuando la política social deja de ser política pública y se convierte en vínculo plebiscitario directo entre Ejecutivo y ciudadanía, debilitando mediaciones institucionales.
No es la redistribución lo que debe preocupar, sino la centralización simbólica del poder. A esto se suma la erosión paulatina de organismos autónomos, el hostigamiento discursivo a contrapesos judiciales y la redefinición constante de la legitimidad desde la mayoría electoral. La mayoría se convierte no solo en mandato de gobierno, sino en argumento moral definitivo.
El resultado no es dictadura. Es algo más sutil: una democracia donde la competencia existe, pero bajo un clima de deslegitimación permanente del disenso; donde la alternancia es posible, pero institucionalmente más frágil; donde la narrativa oficial coloniza el sentido común con eficacia cotidiana. El riesgo no es el autoritarismo clásico. Es la hegemonía prolongada que transforma el desacuerdo en anomalía.
México no es la Suecia de los setenta ni la analogía puede forzarse sin caer en exageración. Pero la advertencia de Huntford conserva vigencia: cuando el Estado no solo gobierna sino define el marco moral único de lo aceptable; cuando concentra recursos, discurso y legitimidad en una misma órbita; cuando la oposición es tolerada pero sistemáticamente descalificada, el pluralismo comienza a depender más de la resistencia social que del entramado institucional.
La democracia no muere siempre con un golpe. A veces se adelgaza con aplausos. La pregunta, entonces, no es si vivimos bajo un nuevo totalitarismo. La pregunta es si estamos normalizando una democracia cada vez menos plural bajo la coartada de una mayoría virtuosa. Y esa, a diferencia de las etiquetas fáciles, es una discusión que México aún no ha querido sostener con suficiente rigor.
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