El Congreso del Estado ha reactivado el proceso de consulta para reformar la Ley de Atención a Víctimas a través de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la LXIV Legislatura. Se establecen como ejes de discusión el fortalecimiento institucional y la descentralización de la atención; la reparación integral, el reconocimiento amplio de las víctimas; los derechos a la verdad, la memoria y la protección de las personas buscadoras.
La Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco está vigente desde 2014 y ha sido reformada en al menos cinco ocasiones; sin embargo, los cambios han sido limitados frente a las transformaciones profundas que exige el contexto actual de inseguridad que prevalece en nuestra entidad.
En el proceso de discusión de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado y la de Declaración de Ausencia, que culminó en 2021, también se había contemplado la reforma a la Ley de Víctimas, pero no ocurrió. Hasta ahora hay un rezago de casi cinco años en la adecuación de las disposiciones en relación con los derechos de las personas desaparecidas y sus familias ya reconocidos en los otros cuerpos normativos y ausentes en la de víctimas.
La ley de desapariciones contempla medidas específicas de atención, obligaciones institucionales y determina el alcance de los derechos que deben garantizarse a las víctimas. Se establecen medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral que deben incluir restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto en dimensiones individuales, como colectivas, materiales, morales y simbólicas. Se reconoce que las violaciones a los derechos humanos afectan a personas, familias y comunidades enteras, impactando tanto sus condiciones de vida como su dignidad y memoria.
Se debe modificar la Ley de Atención a Víctimas para adecuarla a las obligaciones ya reconocidas en las leyes de desapariciones y de declaración de ausencia, pero también incorporar las reformas necesarias para que la atención digna, eficiente y oportuna sea una realidad, así como para establecer sanciones a las autoridades que incumplan sus obligaciones.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe constituirse en un espacio con autonomía, presupuesto adecuado, personal suficiente y capacitado, así como instalaciones dignas, con accesibilidad para personas adultas mayores y ajustes razonables para la atención de personas con discapacidad. Es necesario abrir centros de atención en las diversas regiones del estado.
En el proceso de consulta, la escucha a las familias de las víctimas y a los colectivos de búsqueda debe ser efectiva, pues de manera reiterada han expresado su preocupación por que la ley no se cumple, en la práctica hay dilación, burocracia y falta de atención integral. Señalan también que, en ocasiones, reciben un trato inadecuado o no se les explica con claridad el proceso para obtener apoyos, lo que puede llevar a la revictimización o violencia institucional.
El mayor desafío no es sólo reparar el daño de manera oportuna a las víctimas y sus familias, sino transformar las condiciones de inseguridad que permiten que prevalezcan las desapariciones, los feminicidios y la violencia generalizada en diversas regiones de la entidad.
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