Antes que nada, quiero agradecer, en esta última columna del año 2025, a las personas que se toman el tiempo para leer, compartir y comentar las reflexiones de este espacio; así como reconocer y agradecer a NTR Guadalajara, que desde 2017 me abrió sus páginas para expresar en voz alta preocupaciones e ideas sobre temas vinculados a derechos humanos, prevención de las violencias y construcción de paz.
En este año ha habido dos temas centrales en las colaboraciones de la columna Humanitas: la visibilización del genocidio en Palestina, junto con la necesidad de atender de manera urgente a la población afectada en la Franja de Gaza. El otro eje central de las reflexiones ha sido el complejo problema de la desaparición de personas, tanto en el ámbito de América Latina como en México y, particularmente, en Jalisco; sobre todo a partir de los hallazgos en el predio Izaguirre y del problema del reclutamiento forzado, disfrazado de falsas ofertas de trabajo entre las y los jóvenes.
La desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos a nivel mundial; su rasgo común es la intervención directa o indirecta del Estado, la negación del paradero de la víctima y la consecuente incertidumbre para la familia y la sociedad.
En el ámbito nacional, México enfrenta una crisis humanitaria con más de 130 mil personas desaparecidas. Aunque se trata de una problemática de alcance nacional, hay estados de la República en los que se concentra la mayor cantidad de casos; en dichas entidades persiste la desarticulación entre autoridades, falta una implementación certera de protocolos y leyes, y existe ausencia de mecanismos eficaces de búsqueda, investigación e identificación forense.
Jalisco sigue siendo el epicentro de la crisis de desapariciones. La falta de transparencia en las cifras, el subregistro y la ausencia de actualización del Registro Nacional han impedido dimensionar el problema y diseñar estrategias eficaces. A ello se suman investigaciones tardías, cientos de carpetas acumuladas, ausencia de análisis de contexto y una política de prevención prácticamente inexistente. La existencia de numerosas fosas clandestinas y sitios de violencia extrema confirman que la desaparición en Jalisco no es un fenómeno aislado, sino una práctica extendida y sostenida en el tiempo.
Así se ha evidenciado con los hallazgos en el predio de Teuchitlán en este 2025, que mostraron nuevamente la existencia de centros de privación de la libertad vinculados al reclutamiento forzado de jóvenes. Las falsas ofertas de empleo han sido la estrategia que, a lo largo de este año, implementaron los grupos criminales para engañar a la juventud, particularmente a personas de entre 15 y 19 años de edad.
Frente a ello, no queda sino continuar expresando la necesidad de atención prioritaria a la problemática, recursos suficientes y escucha a las familias, que tienen total claridad sobre las acciones a implementar para enfrentar las desapariciones. La atención debe estar centrada en las víctimas; reconocer la labor de los colectivos es imperante, al igual que la prevención, que hoy parece ausente en la agenda de las autoridades de Jalisco.
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