En la sesión regional del proceso de actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda, realizada el 2 de diciembre y convocada por autoridades federales, los colectivos participantes dejaron claro que el problema es mucho más complejo que mejorar el proceso bajo el que rigen sus acciones las autoridades federales y estatales para localización e investigación; el punto de mayor conflicto es que las disposiciones del Protocolo solo se implementan parcialmente o no se cumplen.
A ello se suma la falta de comunicación entre autoridades e instancias y una diferencia profunda respecto de la atención local con lo federal. En la sesión de trabajo se expresó que, mientras en el nivel nacional se han observado mejoras en atención y enfoque diferenciado, en buena parte de los estados continúan las malas prácticas: burocracia, revictimización, desatención y malos tratos a las familias de las víctimas.
Otro punto crítico que generó preocupación es la disparidad de criterios ante desapariciones de larga data, la atención particular que requieren en esos casos, así como los presupuestos y personal necesarios para combatir los rezagos en búsqueda e investigación; si por larga data se entiende como desaparición de más de un año, en Jalisco habría casi 15 mil víctimas cuyas familias demandan urgente atención.
Sobre la falta de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), de acuerdo con lo que indica el Protocolo, en este registro se generan indicios para la localización mediante confrontas con datos de centros de detención, hospitales psiquiátricos, albergues y otras bases. Cuando un estado suspende la actualización de datos –como ocurrió en Jalisco durante más de tres años– no solo produce un subregistro, sino que imposibilita todos los procesos de confronta que podrían permitir encontrar a una persona. La falta de actualización del registro es una forma de negar el derecho a ser buscado, sin que exista hasta ahora sanción alguna para las autoridades omisas.
En el Protocolo actual hay ausencias de plazos y consecuencias cuando no se realizan diligencias clave para la búsqueda inmediata, como son la geolocalización, la revisión de cámaras o el registro de llamadas. Es necesario establecer temporalidades, informes oportunos, así como sanciones administrativas ante incumplimiento.
La precariedad del trabajo de las personas operadoras del sistema de búsqueda e investigación es incompatible con la debida diligencia. La alta rotación, los contratos temporales y la precarización del personal afectan la continuidad, especialización y sensibilidad requeridas.
También, se destacó la importancia de que la información derivada del análisis de contexto se comparta de manera oportuna para la prevención. Un ejemplo es el incremento en el último año de los casos de desaparición de personas jóvenes vinculadas a falsas ofertas de empleo en Jalisco; publicar los resultados de estos análisis permitiría detonar alertas y acciones urgentes; no obstante, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco generó un informe local de desaparición y reclutamiento forzado entre 2017 y 2025 y lo mantiene en reserva, pese a diversas solicitudes de transparencia. El ocultamiento de información estratégica agrava la crisis y debilita los esfuerzos de prevención y búsqueda.
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