En el Congreso del Estado de Jalisco se lleva a cabo la glosa del primer Informe del Gobierno de Pablo Lemus, quien continúa el proyecto iniciado por Movimiento Ciudadano en 2018. En este ejercicio de rendición de cuentas, las y los diputados escuchan la ampliación de la información presentada en el informe del Ejecutivo, mientras los funcionarios responden a dudas y cuestionamientos sobre el desempeño de sus áreas.
Desde las primeras sesiones, los temas de seguridad –y en particular la crisis de desaparición de personas– han recibido fuertes críticas. Como suele ocurrir en estos espacios, en las comparecencias se destacan logros y avances, pero se minimizan los pendientes y la falta de resultados en los diversos ejes de acción que deberían implementarse para la búsqueda, localización y en la prevención de los casos de desaparición.
Durante la glosa se insistió en la reducción porcentual de las desapariciones, pero no se reconoce que Jalisco continúa en el primer lugar nacional con casi 16 mil personas desaparecidas. Tampoco se menciona que la base de datos federal (Rnpdno) sigue sin ser actualizada por las autoridades del Estado y muestra casi 2 mil casos menos que el registro local. A ello se suma la existencia de numerosos casos sin registro o sin carpeta de investigación y la falta de publicación oportuna de cédulas de búsqueda. Tampoco se refiere al reciente incremento de desapariciones en distintos municipios del Estado.
En cuanto al aumento de casos relacionados con el reclutamiento forzado de jóvenes, la titular de la Secretaría de Búsqueda de Personas incurrió en declaraciones revictimizantes al sugerir que los jóvenes “se van” por violencia en el hogar o por aspirar a una vida de riquezas, sin embargo, han sido las falsas ofertas de empleo la razón principal del incremento de las desapariciones entre adolescentes y jóvenes de nuestra entidad en el último año. Es la juventud con necesidad de buscar un trabajo quien se encuentra en riesgo de ser víctima del engaño criminal ante la impunidad que prevalece.
En la glosa no se abordaron los avances en las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre ni sobre otros sitios similares que han sido desmantelados. Tampoco se mencionaron las numerosas fosas clandestinas y cuerpos recuperados por los colectivos de búsqueda, cuyos hallazgos –incluidos cientos de bolsas con segmentos corporales– siguen revelando la magnitud de la violencia que se vive en el Estado.
Las autoridades de la Fiscalía reconocieron estar rebasadas por la falta de personal necesario para atender las investigaciones de desaparición, se acumulan cientos de carpetas que hacen imposible hacer un seguimiento. Por su parte, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, a casi un año de su instalación, no tiene resultados claros para ofrecer a la ciudadanía, lo que quedó evidenciado en la comparecencia.
Aunque existen algunas acciones positivas –como operativos en la central de autobuses y visitas a planteles escolares para advertir sobre las falsas ofertas de empleo–, estas medidas resultan aisladas frente a la magnitud del problema. En el balance general, no se observa una estrategia integral capaz de enfrentar la grave crisis de desapariciones que afecta especialmente a la juventud de Jalisco.
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