Treinta y dos de las 40 personas adultas que fueron detenidas, enviadas al penal de Puente Grande e imputadas tras la manifestación del 15 de noviembre en el Centro tapatío ayer fueron liberadas al no acreditarse su participación en los delitos señalados. Las ocho restantes sí fueron procesadas por daño a monumentos históricos.
Ayer por la tarde concluyó la audiencia en la que se evaluó la situación legal de las 40 personas detenidas tras los disturbios del sábado en el primer cuadro de la ciudad, donde se registraron daños a edificios públicos y patrimonio histórico luego de la marcha de la llamada Generación Z. En su intervención, el Ministerio Público expuso ante el juez los elementos reunidos durante la investigación, los cuales incluían análisis de videos, testimonios y reportes policiales.
Después de varias horas de exposición y debate, el órgano jurisdiccional determinó que solo ocho de los imputados enfrentan elementos suficientes para continuar bajo proceso penal por el delito de daño a bienes considerados monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Los inmuebles con afectaciones pertenecen al gobierno del estado y al Congreso local.
Como parte de las medidas cautelares, el juez dictó prisión preventiva justificada por seis meses a siete de los acusados: Rogelio Alejandro N, Adrián N, Ricardo N, Felipe N, Juan Alejandro N, Josué Yair N y Héctor Gerardo N. En el caso del vinculado restante, Jonás Emmanuel N, se le impusieron medidas cautelares distintas a la prisión debido a la valoración de su situación particular.
En torno a las 32 personas que fueron liberadas, en la audiencia se reconoció que no existían elementos que las involucraran directamente en los actos de daño patrimonial. Al recibir el fallo de no vinculación, abandonaron los juzgados de Puente Grande alrededor de las 5 de la tarde y fueron recibidas por sus familiares.
En lo que respecta a los cuatro menores de edad que también fueron detenidos durante los disturbios, permanecen bajo resguardo en un albergue. La autoridad especializada está a la espera de la programación de su audiencia de imputación para definir su situación jurídica.
La Fiscalía del Estado afirmó que continuará con las indagatorias complementarias para esclarecer totalmente la participación de cada detenido y garantizar que los delitos cometidos durante las protestas no queden impunes.
“La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la paz pública y la procuración de justicia”, abundó en un comunicado.
CON MEDIDAS CAUTELARES
A Jonás Emmanuel N, quien forma parte de las ocho personas vinculadas tras la protesta del sábado, se le impusieron medidas cautelares distintas a la prisión tras valorar su situación particular.
Los detenidos que fueron vinculados a proceso por daños. (Foto: Especial)
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