La detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no sólo sacudió a Caracas. Sacudió –aunque en voz baja– a México. No por afinidad con el régimen venezolano, sino porque expuso una verdad incómoda: en el nuevo orden hemisférico, la soberanía ya no se presume, se demuestra. Y México llega a esa prueba con flancos abiertos.
La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y predecible: condena enérgica, invocación a la no intervención y apelación a la Doctrina Estrada. El problema no es el principio. El problema es la incongruencia. La no intervención se vuelve retórica vacía cuando el propio Estado es incapaz de ejercer control efectivo sobre su territorio y cuando su política exterior es selectiva: firme frente a Washington, indulgente frente a autocracias ideológicamente afines.
El debate no es Maduro. Es México. Y más específicamente, qué tan creíble es hoy la soberanía mexicana ante su principal socio comercial. Estados Unidos ha movido el eje: el crimen organizado dejó de ser sólo un asunto policial y pasó a tratarse como amenaza de seguridad nacional. Esa redefinición no requiere invasiones ni sanciones espectaculares. Opera por presión, condicionamiento y desgaste. Y ahí es donde México entra en zona de riesgo, justo cuando se aproxima la revisión del TMEC.
El tratado no está en peligro de colapso. Pero sí está en riesgo algo más sutil y más costoso: la tolerancia política que durante años permitió a México negociar excepciones, plazos y ambigüedades. En Washington crece la percepción de que México exige respeto soberano mientras convive estructuralmente con economías criminales que controlan regiones completas del país.
El discurso oficial insiste en que el crimen organizado está contenido. La realidad muestra territorios completos bajo control criminal, autoridades locales cooptadas y una violencia normalizada que ya no escandaliza. En ese contexto, la defensa abstracta de la soberanía pierde fuerza. Nadie interviene un Estado que gobierna; se presiona a uno que no logra hacerlo del todo.
La revisión del TMEC será el espacio donde esta contradicción emerja con mayor claridad. No se discutirá formalmente seguridad, pero estará en todas partes: en reglas de origen, en disputas energéticas, en inspecciones laborales, en certificaciones regulatorias. Cada panel será una oportunidad para medir algo más que comercio: capacidad estatal.
Aquí está el riesgo real para México: no una ruptura, no una sanción, no una humillación pública, sino una relación más dura, menos paciente y más condicionada. Un escenario donde cada desacuerdo cueste más y cada concesión sea más difícil de obtener. La soberanía no se defiende con comunicados o declaraciones, sino con Estado. Con control territorial, con instituciones que funcionen y con una política exterior coherente, no ideológica.
En el mundo que se aproxima, la pregunta ya no es quién invoca la soberanía, sino quién puede sostenerla sin que otros la pongan a prueba. La detención de un mandatario bajo cargos criminales no es solo un evento policiaco; es el acta de defunción de la soberanía como propiedad privada de los dictadores o de los Estados autoritarios. Para México, aceptar que la soberanía se ha vuelto líquida implica transitar de una diplomacia de resistencia territorial a una de liderazgo institucional.
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