Por años, la Inteligencia Artificial (IA) fue presentada como una promesa tecnológica destinada a mejorar la productividad, democratizar el acceso al conocimiento y ampliar las capacidades humanas. Sin embargo, hoy la discusión ha dado un giro inquietante: el riesgo ya no es lo que la IA pueda hacer por sí misma, sino lo que los gobiernos puedan hacer en su nombre.
La reciente aprobación de marcos regulatorios sobre IA en México ha sido recibida con entusiasmo por sectores políticos que ven en la regulación una respuesta automática a cualquier problema derivado de la innovación tecnológica. El argumento parece irrebatible: proteger a los ciudadanos frente a la desinformación, los contenidos manipulados, los sesgos algorítmicos y los riesgos para la privacidad. ¿Quién podría oponerse a semejantes objetivos?
Con todo, la historia política enseña que las libertades rara vez desaparecen de manera abrupta. Generalmente se erosionan bajo la promesa de una protección superior. El Estado moderno ha perfeccionado esa lógica durante siglos: ampliar facultades de vigilancia y control bajo la justificación del bienestar colectivo. La regulación de la IA corre el riesgo de convertirse en el capítulo más reciente de esta larga historia.
La primera amenaza es la expansión de la vigilancia estatal (telefonía, CURP Biométrica). Para supervisar algoritmos, rastrear contenidos sintéticos y verificar el origen de la información digital, las autoridades necesitarán recopilar cantidades cada vez mayores de datos. Toda infraestructura de vigilancia construida para perseguir fines legítimos puede ser utilizada con propósitos políticos: las herramientas contra los ‘deepfakes’ mañana podrían convertirse en mecanismos para monitorear opiniones, rastrear disidencias o clasificar ciudadanos según sus comportamientos digitales.
La segunda amenaza afecta directamente a la libertad de expresión. Los conceptos de “desinformación”, “contenido manipulado” o “riesgo social” suelen poseer fronteras ambiguas. En una democracia sana, esas ambigüedades deben resolverse con extrema cautela. Cuando el poder político adquiere la capacidad de determinar qué información es aceptable y cuál merece ser restringida, el terreno se vuelve peligrosamente resbaladizo.
La experiencia demuestra que la censura se disfraza de moderación, de protección o de responsabilidad social. El resultado, sin embargo, suele ser el mismo: menos espacio para la crítica y más incentivos para la autocensura.
Además, existe una paradoja: las regulaciones complejas terminan fortaleciendo a los actores más poderosos del mercado. Las grandes corporaciones tecnológicas cuentan con departamentos jurídicos, equipos de cumplimiento normativo y recursos financieros suficientes para adaptarse a cualquier exigencia burocrática. Los desarrolladores independientes, las universidades, las pequeñas empresas y los proyectos de innovación local difícilmente pueden competir en igualdad de condiciones.
Quizás el problema sea de naturaleza política y filosófica, pues la IA obliga a replantear preguntas propias de la democracia: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Qué límites tendrán? ¿Qué impedirán que una autoridad reguladora se convierta en instrumento partidista? ¿Qué garantías protegerán a los ciudadanos frente a posibles abusos? En México las instituciones democráticas enfrentan procesos de creciente polarización política y donde el poder ejecutivo ha mostrado una tendencia recurrente a concentrar atribuciones.
La IA necesita reglas, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Pero una sociedad libre debe desconfiar tanto de los monopolios tecnológicos como del Estado regulador: ¿Cómo evitar que la regulación termine construyendo un Leviatán digital bajo el argumento de proteger a la ciudadanía?
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