La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco aprobó reformas para impedir que personas con antecedentes por violencia familiar, delitos sexuales o adeudos alimentarios accedan a cargos en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo estatal, además de actualizar normas civiles y familiares conforme al marco nacional. 

Entre las reformas avaladas se establece que quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo estatal no deberán contar con sentencias firmes por delitos vinculados con violencia familiar, delitos sexuales, violencia política contra las mujeres ni aparecer en registros de deudores alimentarios morosos.

Las modificaciones contemplan cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporando criterios relacionados con antecedentes legales y cumplimiento de obligaciones alimentarias para quienes busquen desempeñar funciones públicas.

Además, la comisión aprobó adecuaciones a diversos ordenamientos estatales para armonizarlos con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entre los ajustes se incluyen disposiciones sobre notificaciones judiciales electrónicas, diligencias judiciales, procedimientos notariales, registros públicos y actuaciones legales en materias civil y familiar.

Dentro de las actualizaciones también se considera la publicación electrónica del Boletín Judicial y la homologación de procedimientos conforme al marco nacional vigente.

Otro de los dictámenes aprobados corresponde a una reforma constitucional para que, en caso de que el Ejecutivo estatal no publique una ley o decreto dentro de los plazos establecidos, el Congreso del Estado pueda ordenar su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, con el objetivo de evitar retrasos en la entrada en vigor de normas ya aprobadas.

CES