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El anticorrupción
La marcha al Zócalo
A lo largo del presente año que ha comenzado con muchos eventos complejos, Sinaloa, visitas internacionales trilaterales de los socios del norte que en realidad se convirtieron en sesiones bilaterales y, el Metro de la Ciudad de México, también hay que sumar un evento que surge con una enorme fragilidad y una poderosa incertidumbre respecto a la solidez de la noticia del regreso de la alianza Va por México, que une a tres partidos políticos que anuncian un lanzamiento de estrategias en las que van a proyectar candidaturas comunes para los comicios del Estado de México y Coahuila en este año y, aún más, que es probable su unificación para la elecciones generales y presidencial de 2024.
Poco a poco, el desgaste del régimen actual pasa facturas sobre circunstancias particulares y la ciudadanía tiene reacciones que constituyen reclamos de incumplimiento a la actual administración. Independientemente de la narrativa triunfalista presidencial hay eventos que muestran algunas de las circunstancias que no han logrado resolver. Un ejemplo, en las elecciones de 2021 por las alcaldías de la Ciudad de México, de 16 alcaldías que conforman la estructura de la capital del país, nueve quedaron con la oposición en tanto que, el partido político presidencial se quedó solamente con siete, a diferencia de las 11 que tuvo en 2018.
Ciertamente, en contraste, podemos ver que en el panorama de las gubernaturas de los estados, Morena gobierna 21 de las 32 entidades del país; un estado más está bajo un partido satélite del régimen, San Luis Potosí, gobernado por el Partido Verde. Por otra parte, los 10 estados restantes están divididos: cinco son del PAN, tres del PRI y dos de Movimiento Ciudadano.
En lo que se refiere a la dimensión parlamentaria relacionada con las iniciativas presidenciales de reformas, a diferencia de la primera mitad del sexenio y con la actual conformación, para que se realicen las tres reformas a la Constitución que impulsa el presidente, la electoral, la eléctrica y la de seguridad pública, se requiere el voto de 56 diputados del bloque opositor que hasta el momento no ha logrado consolidar.
En el arranque del sexenio la nueva administración federal comenzó a funcionar, prácticamente, antes de la toma de poder por el presidente, pasando por alto todo el esquema instrumental e institucional al contar con un apoyo popular mayoritario, entusiasmo social proyectado y mayorías parlamentarias y de representación, en diferentes instancias de gobierno que generaban cambios y modificaciones sin tener en cuenta la trama administrativa que se requiere para el desarrollo de la gestión pública.
Durante esa fase de arranque, la oposición pasó a un segundo plano. Desde el punto de vista de su presencia en el panorama político, si bien su participación en los espacios, principalmente legislativos se hizo presente, desde el punto de vista de la proyección de los partidos hacia la ciudadanía se dispersó hasta pasar desapercibida. La transformación de su operación se convirtió en una estrategia de maniobras de partido, pero sin un lazo de conexión con la ciudadanía. Se consolidaron sus espacios de intervención política, pero se disminuyeron sus contactos ciudadanos.
Por otra parte, la narrativa oficial se superpuso en el imaginario; sin embargo, los resultados de la operación de la gestión administrativa, como ya se dijo, constituyeron un fuerte examen al grupo político del régimen y la conformación de espacios no controlados por éstos, aunque menores, han generado cimientos de presencia de escepticismo por el régimen.
El gran reto es saber si la oposición establecerá un mecanismo profundo e incluyente de reingeniería política que sea capaz de atraer una visión de un justificado escepticismo ciudadano, que evalúa los resultados históricos de esta “nueva” oferta. El gran dilema se podrá perfilar en las elecciones del Estado de México y Coahuila.
armando.zacarias@csh.udg.mx
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