El derecho a la información y representación a prueba

En el curso de las últimas semanas, particularmente en los espacios vacacionales para diferentes sectores sociales, se generó un procesamiento complejo de inhibición en algunas instituciones cuya actividad tiene un peso importante en un ejercicio que, con los problemas técnicos de cualquier institución, aseguraba un espacio que tiene mucho que ver con garantizar información general que no proporcionan otras instancias hacia la ciudadanía. Por una parte, la deshabilitación para la operación técnica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la intención de desaparecer a la agencia noticiosa Notimex.

En los dos casos, lo que queda de relieve es la función del Estado para garantizar el derecho a la información. En niveles diferentes y proporciones distintas, pero constituye una perspectiva que dispone el ciudadano para contar con información que no puede tener por otros medios y, precisamente, la función del Estado es la de proporcionar los elementos necesarios para que la ciudadanía tenga acceso a insumos de calidad para la toma de sus decisiones.

El Inai, con una existencia continuada y con algunos cambios técnicos en su operación, está en funciones desde 2002 y tiene como funciones “garantizar que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad proporcione la información pública que se le solicite”, según señala en su página esa institución. Pero al mismo tiempo, “garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información”.

En el caso de Notimex, se trata de una agencia de noticias estatal de México, creada el 20 de agosto de 1968. Desde su creación, como otras agencias de noticias de Estado, agencia EFE, en España, o la AFP, en Francia, Notimex se concebía como una estructura que pudiera “coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial”, como dice en el artículo primero de su acta constitutiva.

Se trata pues de dos importantes instancias que proveen de información, la que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía, fundamentalmente, por el hecho de que se trata de la perspectiva de operación pública del Estado. En ese sentido, la profunda confusión que hay entre la dimensión de Estado y la de facción de partido genera importantes distorsiones en cuanto a la función y sentido de operación de ambas estructuras. Así pues, no se trata de una vocería, como las ha presentado el Ejecutivo federal, sino de órganos autónomos, proveedores de información. Sugerir, como lo hizo el presidente para el caso de Notimex, que su diario ejercicio de comunicación política sustituye la provisión de elementos de información a la ciudadanía general, no comprende la importancia básica de un ejercicio de poder respecto de uno de garantizar el derecho a la información.

Este tema se relaciona con otro que es el de credibilidad de los actores políticos. En días pasados, sin necesidad de otros actores, los propios partidos políticos, a excepción de Movimiento Ciudadano, pretendieron limitar las funciones de regulación y de organización del Tribunal Electoral. El desaseo y deseo de limitación de intervención sobre los órganos electorales se frenó ¡con los propios partidos! Las medidas presentadas no contaron con los internos consensos partidistas, lo que mostró una estructura de partidos totalmente desarticulada.

De esta forma, ¿cómo fundamentar la confianza ciudadana en sus estructuras políticas de representación y de información?

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