Iconia es un despojo, no un conflicto político

Para algunos funcionarios del gobierno del estado colocar el tema del desarrollo inmobiliario Iconia como parte de un conflicto político, primero con la Universidad de Guadalajara y luego con las actuales autoridades municipales, ha sido la salida perfecta para no investigar las irregularidades graves que se han cometido.

La reciente investigación publicada por el periodista José Carlos Toral dejó en claro que el negocio se cocinó durante el gobierno municipal que encabezó Enrique Alfaro Ramírez, al regularizar las acciones que de manera ilegal se cometieron después del incumplimiento de la empresa Mecano.

La española Mecano había firmado el primer convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara en 2008. A cambio de quedarse con el predio de 13 hectáreas, la empresa debía realizar una serie de obras a favor de la ciudad, por un monto en dólares que en esa época equivalía a 688 millones de pesos.

Para garantizar que esas obras se ejecutaran, el terreno fue depositado en un fideicomiso. Las condiciones de dicho fideicomiso se modificaron en 2012, a petición de la empresa Mecano y con la comparecencia de la nueva empresa que recibió los derechos y obligaciones, Operadora Hotelera de Salamanca.

En los documentos publicados por Toral, se evidencia que el Ayuntamiento de Guadalajara no participó en ese movimiento. A pesar que el decreto establecía de manera expresa la prohibición para que Mecano transmitiera sus derechos y obligaciones, el movimiento fue admitido por el banco en el que se depositó el predio, Grupo Interacciones, que estaba obligado a garantizar los derechos de las dos partes, es decir la empresa y el municipio. También fue validado por el notario público Agustín Ibarra García de Quevedo y, lo peor, inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

Eso que sucedió es el equivalente a que un copropietario de una casa la venda, sin el aval del otro copropietario.

Lejos de actuar legalmente ante esas irregularidades en torno a un bien propiedad del municipio, en 2016 el Ayuntamiento de Guadalajara, cuando Enrique Alfaro era alcalde, validó la transacción y modificó formalmente el decreto y el contrato del fideicomiso.

A partir de ese momento, vinieron los incumplimientos de la nueva empresa, que encontró en la generosidad de las autoridades municipales la solución a cualquier inconveniente que se le presentara. Por ello, como si el ayuntamiento no tuviera derechos sobre el predio, el ex director de Obras Públicas, actualmente secretario de Gestión Integral del Agua, Gastón González Alcérreca firmó una división del inmueble.

Podría parecer un trámite simple, pero fue el que permitió que una parte del predio saliera del fideicomiso para venderse. Sin cumplir todavía con las obligaciones, es decir, sin pagar en especie por el terreno, Salamanca lo vendió en 500 millones de pesos a Hoteles Riviera.

Pero las irregularidades han continuado. Las obligaciones del decreto para la empresa Salamanca, establecidas por el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara en 2016, solo pueden ser modificadas por esa instancia. A pesar de esto, en el anterior gobierno un grupo de funcionarios que integraban el comité técnico decidieron perdonar a la empresa tres de los 16 obras a las que estaba obligada, simplemente porque la empresa no estaba en posibilidades de realizarlas.

El problema es que lejos de abrirse las investigaciones contra quienes han excedido sus funciones o han actuado de manera ilegal, el tema sigue etiquetándose como parte de un conflicto político y así las autoridades respiran aliviadas. Mientras, se concreta el despojo a la ciudad de un predio que se adquirió para construir ahí un parque.

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JB