Alfaro, construcción de un maximato (VII)

La persistencia del hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez en atender la salida sur de la ciudad y dotarla de infraestructura, sobre todo con el costoso tren eléctrico urbano, en modo alguno es inocente o meramente de orden técnico.

Si fuera así, entendería que el abordamiento del problema de movilidad debe atacar en primer lugar las áreas más densamente pobladas de la metrópolis, y aunque Tlajomulco sea la zona que más ha crecido en 20 años, en modo alguno su densidad se compara a la que tiene todo el corredor que va del Centro de la ciudad a Periférico poniente, donde se ha planeado una continuación de la Línea 2 del Tren Ligero desde antes de la explosión de Tlajomulco, o la prolongación de la misma línea hacia Tonalá, donde su medio millón de habitantes han sido dejados de lado por su hasta hoy obra insignia, “MiMacroPeriférico”, que no está completado en toda la zona del municipio del oriente de la ciudad (donde, por cierto, Movimiento Ciudadano no gobierna). Si se completara esa ruta, el beneficio es nada menos que para 3 millones de personas.

Está también como alta prioridad no solo en población, sino por la relevancia de conectar con movilidad al aeropuerto internacional, la ruta por carretera a Chapala hacia esa estación, que es de las más importantes del país y potencia de forma seria las posibilidades económicas de la ciudad.

Pero no, el gobernador ha impuesto la línea 4 desde la última estación del Macrobús de la Calzada-Gobernador Curiel (un potencial efecto “embudo” que muchos técnicos ya han señalado, al pasar usuarios de un tren masivo a un sistema de movilidad con más lenta y limitada capacidad de desahogo), al corazón de los valles de Tlajomulco, lo que será útil sin duda para unas 300 mil personas… y para desarrollar “derechos adquiridos” de fraccionadores sobre casi 5 mil hectáreas. Una segunda apuesta con vías de realizarse es la continuación de la línea 1 desde Periférico, por todo el Camino Real de Colima. Será útil para 250 mil personas, pero sobre todo para que los desarrolladores construyan y vendan más de 4 mil hectáreas urbanizables. ¿Es casualidad?

Uno de los problemas más serios de nuestra democracia es su falsa transparencia. Los lobby existen, pero los asesores de nuestros políticos autoritarios se atreven a atacar a la democracia estadounidense por el descaro con que asume la realidad de los intereses, al exigir que sean visibles tanto al tratar de influir a los políticos como al hacer donaciones de campaña. En México eso no existe; tenemos leyes electorales que prohíben las donaciones privadas a pretexto de dejar fuera la influencia de los intereses económicos. Es una de nuestras grandes mentiras. No se explicaría el increíble nivel de gasto de los políticos en campaña con las meras asignaciones de presupuesto; pero sobre todo no se podría explicar la huella de compromisos en los discursos de un gobernador que tiene década y media enfurecido cuando se le cuestiona la rentabilidad social de su flamante línea 4.

En consecuencia, el problema del peso de los financiadores de campañas se refleja en las acciones de gobierno, aunque no haya evidencias directas en los reportes de gastos de campaña (para eso son los contadores). Los intereses se evidencian en “negocios” que no lo son para la ciudad si se les analiza con matemáticas básicas y racionalidad elemental. ¿Cuál es la ganancia social de cederle a Caabsa Eagle, la concesionaria de la basura metropolitana ampliamente cuestionada por su pésima gestión del tema, un predio público de alto valor contiguo al Parque El Deán para hacer casas baratas y meter alta densidad, en vez de sumar 82 mil metros cuadrados del antiguo rastro de aves al patrimonio verde de la ciudad? ¿O las “obras de contención de inundaciones” que solo permitieron acciones de densificación en la cuenca alta de Atemajac, y negocios privados de corto plazo? El tema no termina, por supuesto.

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JB