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Campo de exterminio
Crematorio clandestino
El pasado 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Aquella fue una noche trágica que conmocionó al mundo por lo que de inmediato, al grito de “¡fue el Estado!”, y demandando airadamente, con rabia, su pronta localización con vida, se suscitaron innumerables protestas por todo el país y en diversas geografías del mundo. Era 2014, el presidente era Enrique Peña Nieto. Al siguiente año, en septiembre, su procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró la llamada “verdad histórica”. Nadie creyó en ella.
Desde entonces, cada día 26 de todos los meses, desde hace nueve años, las madres y los padres de los normalistas detenidos por policías municipales de Iguala, Guerrero, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, de aquella entidad, no han dejado de protestar y exigir verdad y justicia. Todos sus esfuerzos, así como del cúmulo de evidencias de la involucración directa de policías municipales, federales y elementos del Ejército exhibidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) han sido insuficientes para alcanzar el objetivo deseado: la verdad y la justicia también siguen faltando.
Según sus propias palabras, la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, a las madres y padres les pareció como una luz de esperanza. El presidente los ha recibido en varias ocasiones. Eso abonaba a la esperanza de su localización. Sin embargo, el gobierno de AMLO prácticamente está por terminar y ya parece improbable que pueda cumplir su promesa de aclarar este crimen de Estado.
En julio de este año, el GIEI presentó su sexto y último informe, en el que aseguró que la decisión de cubrir a toda costa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) iniciada con Peña Nieto sería sostenida por AMLO. A pesar de todas las evidencias, el Ejército mismo, por lo visto, no se ha planteado autocrítica alguna y mucho menos hacer un acto de contrición. Piensa, erróneamente, que algo así vulneraría su institucionalidad.
Así, todo indica que al final del primer sexenio de la 4T será la palabra de las madres y padres de familia de los 43 contra las de AMLO y Alejandro Encinas, quienes más o menos en los mismos términos aseguran que los secretarios de la Defensa y de la Marina “se han portado a la altura de las circunstancias. Que han actuado con rectitud” y que han entregado toda la información disponible y, por tanto, “no tiene fundamento la desconfianza que han expresado los padres y madres”. AMLO va más allá, y molesto, habla de posible manipulación y manoseo del tema.
Ejerciendo su libertad de desacuerdo, los padres y madres desde el 20 de septiembre, después de reunirse con el presidente, instalaron un plantón indefinido frente a puerta principal del Campo Militar 1, en la Ciudad de México. Ahí, una de las madres dijo: “Estamos aquí para exigirle al Ejército que nos entreguen esos documentos que hacen falta. Aunque nos ha dicho el presidente que ya se entregó todo y que no hace falta nada, pero vemos que sí falta por los informes GIEI”.
Las expresiones intercambiadas durante el más reciente encuentro con el presidente, así como las declaraciones posteriores a la manifestación conmemorativa del noveno aniversario evidencian mucha tensión y diferencias con AMLO. Él dice: “Yo no encubro”. Ellas y ellos contestan: “Usted no, pero el Ejército sí”. La dureza y el significado de estas palabras permiten ver que, mientras no se aclare el destino de sus hijos y la responsabilidad del Ejército, los padres y madres, como es comprensible, seguirán creyendo más en el GIEI y en sus abogados defensores. Y de suceder así, perderá importancia todo lo hecho.
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