Mención honorífica

En la edición 2023 del Premio Jalisco de Periodismo fueron otorgadas dos menciones honoríficas a trabajos publicados en NTR Guadalajara sobre tramas que involucran corrupción y política. Una mención fue para Jonathan Lomelí por su muy recomendable reportaje “El ‘tesoro’ perdido de Luis Oswaldo y Gloria” y la segunda para mí en la categoría Noticia por “El Salto consiente a red de empresas”.

Actualmente, el caso sigue impune, aunque ya pasó un año desde que publicamos en estas páginas una serie de notas sobre lo que denominamos la Red Peña, un conglomerado formado por siete empresas de reciente creación, con vínculos políticos y familiares entre sus representantes y funcionarios de los municipios metropolitanos de Tonalá y El Salto.

En la nota por la que nos dieron la mención honorífica documentamos que en conjunto la red de siete empresas había acaparado la mayoría de la inversión pública de ambos municipios, con contratos por casi 200 millones de pesos.

Lejos de sancionarse las anomalías, siguen recibiendo recursos públicos desde entonces y además también han recibido contratos del gobierno de Jalisco y otras dependencias.

¿Cuáles son los señalamientos, que siguen vigentes, contra la Red Peña y los funcionarios ligados?

Las primeras irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Así lo dice un informe de la revisión a las obras públicas realizadas en 2021 por las administraciones del alcalde emecista Juan Antonio González y del actual morenista Sergio Chávez Dávalos.

La Auditoría encontró que las obras entregadas a la Red Peña fueron fraccionadas irregularmente para burlar los procesos de licitación y entregar asignaciones directas. Está maniobra es ilegal y el organismo federal pidió a la contraloría municipal iniciar una investigación y sancionar en caso de confirmarse responsabilidades. El proceso sigue pendiente, aunque a raíz de las publicaciones realizadas por NTR Guadalajara, el contralor vetó a dos empresas de la red de forma precautoria, por tener el mismo domicilio, y están impedidas de ser contratadas por el municipio. Esa es la única y mínima sanción impuesta al momento.

En El Salto no hay procedimientos de sanción en marcha, a pesar de que las anomalías son más graves. Incluso, el alcalde emecista Ricardo Santillán Cortés rechazó que existiera alguna irregularidad, aunque no ha mostrado documentos que lo comprueben.

El director de obras públicas del municipio saltense, quien ocupó el mismo cargo en Tonalá, es tío del apoderado legal de las siete empresas de la Red Peña. Esto lo corroboramos en el registro civil: el funcionario que firmó los contratos es José Rigoberto Peña Rubio, hermano de la madre del representante de las empresas: Roberto Carlos Valenzuela Peña.

Además de los vínculos familiares irregulares, las obras fueron ejecutadas a sobreprecio si se comparan con trabajos similares en Zapopan, registraron retrasos y tienen deficiencias en los trabajos.

La información publicada en NTR Guadalajara fue replicada por medios de comunicación locales y nacionales, hubo declaraciones de especialistas que advierten anomalías en las contrataciones y el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción prometió llamar a cuentas a los municipios. Pero ninguna sanción se ha concretado, fuera del superficial veto en Tonalá para dos de esas empresas.

Pese a la falta de atención por parte de las instancias anticorrupción, que el reconocimiento otorgado a NTR Guadalajara, que es para el equipo completo y sin cuyo apoyo no hubiera sido posible el trabajo, sirva para que desde el periodismo se apueste por investigar y exhibir la corrupción que afecta a la sociedad jalisciense.

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