'Guardan' datos sobre guaruras en Jalisco

Aunque la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece que la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) deberá emitir un informe sobre la cantidad de elementos destinados al servicio de protección, conocidos como “guaruras”, y del presupuesto destinado para estas tareas, la dependencia decidió reservar la información, solicitada de manera general por medio de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Seguridad.

En la solicitud no se pidieron expedientes ni conocer quiénes son sujetos de la protección, ya que es pública la información de los funcionarios que lo reciben, sino que la SSE detallara cuál el presupuesto destinado y el número de los elementos que participan en estas labores; sin embargo, la secretaría respondió que la Dirección de Recursos Financieros “no cuenta con información relativa a presupuesto etiquetado específicamente para programas de protección otorgados a sujetos de protección”.

Sobre los elementos que participan en estas labores, no aceptó proporcionar la información peticionada por considerarse de carácter reservada y confidencial.

De acuerdo con la SSE, si la información se otorga infringiría este principio, instituido en la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y su reglamento, el cual radica fundamentalmente en que toda la información, sea cualitativa o cuantitativa, que derive de la aplicación de esos ordenamientos legales tiene carácter de confidencial y reservada.

“Por ende, hacerla pública implicaría poner en grave riesgo la eficacia y éxito de los servicios que la referida Coordinación despliega en cumplimiento a sus facultades y obligaciones legales, no debiendo pasar inadvertido el hecho de que esa área es parte integral de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, que es una dependencia del gobierno del estado de Jalisco, encargada entre otras obligaciones, de mantener la seguridad pública en esta Entidad Federativa”, justificó.

Añadió que dar a conocer la cantidad de elementos desplegados a servicios de protección en las anualidades que se pidieron daría a conocer el número total de agentes destinados a los servicios que despliega y, consecuentemente, la capacidad de reacción que tiene esa área operativa.

“Y eso facilitaría la elaboración de planes delictivos tendientes a desarticular o impactar alguno de los esquemas de protección que tiene implementados en uso de sus atribuciones legales”, detalló.

Además, puntualizó que revelar la información solicitada implicaría poner en riesgo la seguridad, integridad física e incluso la vida de personas que en este caso resultan ser los elementos operativos que integran los servicios de protección desplegados por la Coordinación del Servicio de Protección Estatal.

“Y se pondría en riesgo también la seguridad, integridad física y vida de quienes son receptores de esos servicios, y que por esa razón son considerados sujetos de protección, ya que pretende saber datos que, de hacerse públicos podrían llegar a manos de personas que, en un momento dado, podrían contar con datos valiosos para diseñar planes delictivos o agresiones en contra de esas personas”, indicó la Secretaría de Seguridad.

Proponen crear Servicio de Protección Estatal

Sobre cómo los ciudadanos podemos saber si los elementos que realizan tareas de guardaespaldas o guaruras fueron contratados en específico para ello y no se descuidan las tareas de otras dependencias de la Coordinación de General Estratégica de Seguridad, y que tienen condiciones dignas, el doctor Arturo Villareal Palos, profesor del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), consideró que se debería crear un Servicio de Protección Estatal.

“El servicio se le adscribe o asigna a la Secretaría de Seguridad, y hasta donde sabemos, nosotros no tenemos en el Estado un Servicio de Protección como tal, como sí lo hay a nivel federal, que existe un cuerpo especializado en protección de funcionarios”, consideró el académico.

Dijo que de esta manera se evitaría distraer recursos policiales cuya tarea, en un principio, es distinta que la de proteger a funcionarios. “Como ocurre a nivel federal, debería haber un grupo de funcionarios que dieran un servicio de protección, que se encarguen nada más de eso, porque no es lo mismo ser policía que escolta. Los protocolos que debe seguir una persona que brinda servicios de protección no son los mismos que un policía de investigación o reacción”.

El académico agregó que el gasto debería estar en el presupuesto público y saber cuánto están gastando. “Esto se podría complicar sin el Instituto Nacional de Transparencia cuya función será absorbida por el Gobierno”.

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