Campañas ridículas, elecciones turbias

Finalmente, el 30 de marzo dieron inicio las campañas electorales para los 881 cargos de juez, magistrado o ministro en el Poder Judicial. Participan 3 mil 400 candidatos, y un proceso similar se desarrollará en 19 estados de la República para integrar ese poder en el orden local. A diferencia de quienes buscan cargos de elección popular (algunos ya con varias campañas a sus espaldas), los futuros juzgadores carecen de experiencia en contiendas electorales.

De acuerdo con la reforma aprobada por la mayoría morenista, los partidos políticos no pueden: promover, apoyar o criticar públicamente a otra “candidatura”; entregar regalos, dinero u otro tipo de beneficio; comprar publicidad en medios de comunicación, redes sociales o espacios físicos; pagar para hacer y difundir encuestas. Estas mismas medidas aplican para los miembros del Congreso.

Para financiar sus campañas, los candidatos solo podrán utilizar sus propios recursos, ya que está prohibido el financiamiento público o privado, en dinero o especie, de manera directa o indirecta para sus campañas. Los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán un tope de gastos de un millón 468 mil 841 pesos; los candidatos a magistrado en las salas regionales, 881 mil 304 pesos; a tribunales colegiados, 413 mil 111 pesos; y los jueces de distrito, 220 mil 326 pesos.

En este escenario, desde que se dio el banderazo de salida hemos sido testigos de todo tipo de expresiones calificadas como ridículas, grotescas, absurdas, que carecen del más mínimo sentido de creatividad o buen gusto. Pero como dice el refrán, “no tiene la culpa el candidato, sino quien lo hizo compadre”. Las cualidades que distinguen a un juzgador son su seriedad, su capacidad, su experiencia y su honorabilidad; no su histrionismo o espectacularidad (aunque algunos han presentado sus propuestas con seriedad, destacando sus atributos y trayectorias… ¡pero entre 3 mil 400 candidatos hay de todo!).

Ya estamos viendo al “licenciado Chicharrón”, a “Dora la transformadora”, a la candidata que “empezó de abajo” (la hija de la ministra en retiro Sánchez Cordero), la que es sexualizada (ella dice que no lo provoca); a otra “enamorada” del edificio de la SCJN y, por supuesto, a la “ministra del pueblo”, la “ministra justita”; la “ministra pirata” (estas últimas, aunque en campaña, no se sabe en qué momento ejercerán sus funciones).

Además, hay candidatos señalados por vínculos con Los Zetas; otro sentenciado en 2016 por portación ilegal de armas; otro, procesado y sentenciado por portación de armas y narcóticos; otro vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005; otro acusado de corrupción y lavado de dinero, por actos de abuso y acoso sexual contra trabajadoras del Poder Judicial (incluyendo actos de violencia sexual y coerción laboral); otro, denunciado por actos de abuso y acoso sexual; y otros relacionados con la Iglesia La Luz del Mundo.

Por si fuera poco, los candidatos han sido deshumanizados, pues ahora serán identificados por un número y un color: ¿podrán los votantes recordar esta combinación al momento de emitir su voto?

X: @Ismaelortizbarb

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