Caso Teuchitlán debe alcanzar a funcionarios

El Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA) considera que la investigación del caso Teuchitlán debe extenderse a funcionarios y ex funcionarios para poder entender y desarticular las redes de protección política o aquiescencia que permiten que sitios como el Rancho Izaguirre operen con libertad e impunidad.

“Desde CICA consideramos indispensable ampliar la mirada investigativa para incluir no solo a los presuntos responsables directos, sino también a las estructuras de poder que pudieron haber facilitado, encubierto o permitido los hechos”, describió la organización en un artículo difundido esta semana.

En el documento se agrega un mapeo de actores políticos de los tres niveles de gobierno que pueden llegar a dar pistas sobre la ruta de investigación a seguir. Este mapeo contiene información desde 2012 hasta la fecha, es decir, abarca a las cuatro últimas administraciones públicas tanto a nivel federal como estatal.

“La investigación efectiva de graves violaciones a los derechos humanos exige una mirada estructural que trascienda la identificación de los autores materiales y permita desarticular las redes institucionales y políticas que, por acción, omisión o aquiescencia, facilitan o toleran su comisión”, añade la organización.

Uno de los puntos clave que destaca el CICA tiene que ver con la detención de integrantes de grupos criminales en el periodo observado y previo al hallazgo del Rancho Izaguirre. “¿Nadie les pregunta sobre prácticas de reclutamiento del Cártel (Jalisco Nueva Generación)?”, se cuestiona la organización.

Previo al despliegue del mapeo, el documento incluye un mensaje de la directora del CICA, Ina Zoon, que se centra en cómo los grupos de la delincuencia organizada difícilmente pueden operar de la manera que lo hacen sin la complicidad política.

“La fuerza de las organizaciones criminales depende directamente del nivel de protección política que logran comprar. La estrategia de seguridad propuesta por el gobierno actual sólo tendrá éxito si las investigaciones abordan tanto los líderes del crimen organizado como los máximos responsables de las redes políticas que los protegen”, menciona Zoon.

Suman vinculaciones a implicados

La Fiscalía del Estado (FE) informó que fueron vinculados a proceso varios implicados con el Rancho Izaguirre en al menos cinco causas distintas relacionadas con desapariciones cometidas por particulares.

Según la dependencia, los 10 detenidos del 18 de septiembre de 2024, cuando se descubrió el rancho, enfrentan ya cuatro procesos distintos al ser identificados por diversas víctimas que los señalan como responsables.

Además, el presunto reclutador Eduardo Daniel N, quien ya había sido procesado anteriormente, fue relacionado recientemente con estos hechos tras el testimonio de una nueva víctima. Esto permitió su vinculación, junto con otros siete detenidos, en un nuevo proceso judicial el pasado 11 de abril.

La primera vinculación ocurrió el 1 de abril, cuando Erick N y Kevin N, o Lennin, fueron señalados por tres víctimas. Ese mismo día Eduardo Daniel N fue vinculado en un proceso paralelo, pero derivado de otros hechos.

Posteriormente, el 4 de abril se llevó a cabo un tercer proceso en el que los diez detenidos fueron identificados por una víctima adicional, lo que llevó a su vinculación. Los señalados son Kevin N –o Lennin–, David Alejandro N, Gustavo Ángel N, Christopher N, Juan Manuel N, Óscar Iván N, Erick N, Luis Alberto N, Ricardo Augusto N y Armando N.

En una cuarta causa, dos víctimas más señalaron a cinco de los detenidos: Erick N, Kevin N, Gustavo Ángel N, Armando N y Ricardo Augusto N, lo que llevó a su vinculación el pasado 8 de abril.

Finalmente, el 11 de abril se realizó la vinculación más reciente tras la declaración de una víctima que identificó al presunto reclutador y a siete de los primeros detenidos. A la par se les dictó prisión preventiva por un año. Héctor Ruiz 

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