Hallan anomalías en obras del Siapa

Obras a sobrecosto o sin terminar, equipo adquirido que no aparece e instalaciones que no funcionan son parte de las observaciones que se hicieron al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en una auditoría realizada por la Contraloría del Estado a los recursos del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) 2021.

Los señalamientos corresponden a la construcción de una fosa séptica en la Planta Río Blanco que tuvo un costo de 23.1 millones de pesos (mdp); la rehabilitación de compuertas de la Planta Potabilizadora de Miravalle en la que se invirtieron 7.7 mdp, y un equipamiento de tres pozos de agua que tuvo un costo de 3.3 mdp. Ninguno se solventó.

La auditoría revisó el ejercicio de los recursos de Prodder de 2021, cuando se realizó la compra de equipo y obras para agua por un monto de 148.8 mdp, de los que 74.4 mdp debían ser aportados por la Federación y el resto por los Municipios integrados al Siapa, es decir, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.

Según los hallazgos de la Contraloría, la construcción de una “fosa séptica de concreto armado para recepción de lodos” en la Planta Río Blanco representa el monto señalado más importante. Ahí la dependencia encontró que “el sistema de dosificación para el suministro de polímero no se encontraba operando y por declaraciones del personal operador de la planta potabilizadora, el equipo no funcionaba”; además, “los trabajadores no los manejaban debido a la falta de capacitación para su uso y dificultades con el sindicato de estos últimos, lo cual compromete la operatividad apropiada de la fosa, aunado a los costos implícitos para su construcción”.

En respuesta, el Siapa señaló que durante la visita de los auditores a la planta potabilizadora el personal no estaba en el lugar porque se hallaba “en una capacitación de trabajo fuera de la planta” y que el organismo tenía como medida no permitir “que alguien ajeno los opere sin tener una capacitación del funcionamiento de seguridad de trabajo de operación”, por lo que “se encontraban en reposo”.

El ex director del organismo en ese entonces, Carlos Torres Lugo, solicitó a la Contraloría que se realizara una segunda visita, la cual se llevó a cabo el 27 de octubre de 2022, pero los equipos seguían sin funcionar, por lo que el señalamiento quedó sin solventar.

En cuanto a la rehabilitación de las compuertas de la Planta Potabilizadora 1, ubicada en Miravalle, la Contraloría aclara que el proyecto tenía prevista la rehabilitación de 16 compuertas; sin embargo, hubo una planeación deficiente que implicó mayores costos. 

“(Se falló en) la ejecución de los trabajos al no considerar los trabajos adicionales, situación que implicó la celebración de un convenio adicional de 54.15 por ciento respecto al monto contratado para la ejecución de los trabajos y materiales no considerados, provocando además un recorte de metas del proyecto al dejar de ejecutar la colocación de siete compuertas de las 16 que se tenían contempladas”.

Al contestar el señalamiento, el Siapa justificó que el contrato fue ampliado para incluir el desmonte y deshierbe de maleza, la conformación de un talud y la colocación de 600 metros cuadrados de concreto lanzado de refuerzo de malla de acero. Además, indicó que la planta de Miravalle “es una de las más grandes en cuanto a infraestructura e importante para el abastecimiento del vital líquido para la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

También señaló que no era posible “determinar con exactitud la magnitud y complejidad de los trabajos”, pues las compuertas tenían una antigüedad de 50 años, “generando diversas acciones que no estaban contempladas en los trabajos contractuales, del mismo modo no era posible dejar de operar la planta”.

En este caso la Contraloría consideró que la explicación del Siapa no aclaró los señalamientos.

En la auditoría también se encontraron irregularidades en el equipamiento para la potabilización del agua del Tanque Juan Manuel Vallarta, en Zapopan; el Pozo Los Górgoros, en Guadalajara, y el Tanque Educadores Jaliscienses, en Tonalá. En conjunto se invirtieron 3.3 mdp.

Tras revisarlos, la Contraloría señaló que las instalaciones estaban fuera de servicio “debido a un saqueo de material, en el cual se llevaron equipo de suma importancia para el funcionamiento”. El Siapa respondió que el área operativa informó “que los equipos fueron hurtados, por lo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía del Estado, misma que se adjunta como evidencia”.

A pesar de lo señalado por el Siapa, la Contraloría no dio por solventada la observación porque nunca se entregó copia de la denuncia penal que presuntamente se presentó.

El Siapa también señaló que, en el caso de algunos elementos de equipos de pozos, “son necesarios los cambios de las piezas en cuestión” para llevarlas a otros pozos y que “se realizan notas de resguardo para detectar dónde se encuentran cada una de las mismas”; sin embargo, no se entregaron evidencias del lugar en el que se ubican.

La Contraloría recuerda en su informe de la auditoría, el cual es de consulta pública, que el Prodder “tiene como objeto la asignación de recursos federales a los prestadores de servicios para ayudar a la realización de acciones de infraestructura hidráulica y de mejoramiento de eficiencia”.

Sin aclarar

Las irregularidades halladas en la construcción de una fosa séptica en la Planta Río Blanco, la rehabilitación de compuertas de la Planta Potabilizadora de Miravalle y el equipamiento de tres pozos de agua no fueron solventadas por el Siapa.

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