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¡Ánimas no!
Mejor restar
La referencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace a Jalisco es cuando informa que, en México, personas defensoras de Ayotitlán, en el municipio jalisciense Cuautitlán de García Barragán, “estarían siendo amenazadas luego de presentar una demanda de amparo que ordenó la suspensión de actividades mineras en el territorio”.
Menciona el caso en su Tercer Informe Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Las Américas 2025. Ayotitlán es una comunidad indígena asediada y agredida por su lucha contra la minería y la tala. Mañana, 23 de octubre, se cumplen 13 años de que fue secuestrado y desaparecido en 2012 su líder Celedonio Monroy Prudencio, luego de que un grupo armado ingresara a su casa, sin que hasta ahora las autoridades estatales y federales lo localicen y hagan justicia.
El de Celedonio no es el único caso en Ayotitlán de un desaparecido y/o asesinado. Entre otros, el defensor Higinio Trinidad de la Cruz fue victimado en noviembre de 2023, tras salir de la alcaldía. Mañana se cumplen dos años del crimen.
La reportera Analy Nuño informa en su investigación “Violencia, muerte y traición: la condena del hierro en Ayotitlán”, publicado en A dónde van los desaparecidos, que los ataques del crimen organizado han dejado siete víctimas de desaparición y 39 asesinatos desde 1996, según lista elaborada por pobladores de la comunidad.
En su informe recién dado a conocer, la CIDH indica que, en México, ONU Derechos Humanos conoció al menos 46 casos de personas defensoras indígenas asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo con su labor de defensa, ocurridos entre 2019 y 2023, lo que constituye casi 30 por ciento de todos los asesinatos o desapariciones de personas defensoras de derechos humanos.
En una situación que también afecta a Jalisco, la CIDH señala que, en México, cifras de sociedad civil muestran que, entre 2012 y 2023, fueron asesinadas 73 mujeres defensoras. Además, han sido víctimas frecuentes de otro tipo de agresiones como desapariciones, amenazas, intimidación, hostigamiento, criminalización y estigmatización. La violencia sexual y de género en su contra sigue siendo una agresión y un temor constante.
El documento indica que en México se han registrado varios casos de personas que se dedican a la búsqueda de personas que han sido asesinadas o desaparecidas. Cifras de sociedad civil indican que entre el 2018 y mayo de 2023, al menos 10 personas fueron asesinadas por su labor de búsqueda. Por su parte, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada señala que entre el 2010 y 2022, al menos 13 personas fueron asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda. La CIDH advierte que esta cifra puede ser aún mayor. Recordemos que en Jalisco también han asesinado a madres buscadoras.
Frente al panorama que documenta, la CIDH recuerda a los Estados el deber de proteger a las personas defensoras que se encuentran en una situación de riesgo, incluyendo a quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas. La comisión “refuerza el deber de asegurar que cualquier persona que intervenga o apoya en las labores de búsqueda, exhumación e identificación cuente con las debidas garantías de seguridad, e iniciar las investigaciones necesarias ante cualquier situación de amenaza o agresión en su contra”. Protección que las autoridades también, siempre, deben garantizar en Jalisco a los colectivos y madres buscadoras.
X: @SergioRenedDios
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