El proyecto Migala condenó lo que calificó como brutalidad policiaca y detenciones arbitrarias de personas inocentes alrededor del Palacio de Gobierno, tras la marcha de la Generación Z, y lanzó una denuncia ciudadana por la detención de manifestantes.

Familiares de los detenidos han señalado que hubo detenciones arbitrarias y que algunas personas fueron aprehendidas pese a no participar en la protesta, incluyendo jóvenes que estaban en sus lugares de trabajo o simplemente transitaban por la zona.

Estas detenciones han generado incertidumbre jurídica, falta de información clara sobre los delitos imputados y denuncias de golpes y negativa de acceso a abogados para algunos de los arrestados.

La protesta derivó en daños a inmuebles históricos, como el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, motivo por el cual las autoridades activaron protocolos para detener a quienes participaron en actos de vandalismo. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos supervisó las acciones y descartó detenciones arbitrarias, aunque sí condenó las agresiones de policías hacia reporteros.

La denuncia ciudadana del proyecto Migala se centra en la presunta arbitrariedad de las detenciones y en la falta de claridad respecto al proceso legal de los manifestantes detenidos tras la movilización de la Generación Z.

Asimismo, señalaron que todas las personas detenidas fueron atendidas por un solo abogado, bajo un mismo caso, y que la mayoría fue arrestada cuando solo caminaba por la zona. También denunciaron la falta de registro y de explicación formal sobre los motivos de la detención en varios casos.

Aunque los detenidos ya se encuentran a disposición de un juez de control y oralidad, se exigió la liberación inmediata de quienes, afirman, fueron arrestados de manera injusta.

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