El Congreso de Jalisco entra en periodo vacacional y las actividades legislativas se reanudarán el 12 de enero de 2026. El receso será de tres semanas y ocurrirá sin que se concreten varios temas considerados prioritarios, entre ellos la reforma al Poder Judicial, la tipificación de la violencia vicaria, el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género en actas de nacimiento y las leyes secundarias en materia de transparencia.

Uno de los pendientes más relevantes es la reforma judicial, que permitiría la renovación de jueces y magistrados mediante voto popular y que debió estar lista desde el 15 de marzo. 

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, explicó que los desacuerdos se centran en puntos como la elección por distritos electorales, los años de experiencia requeridos para las candidaturas y los mecanismos de evaluación. Señaló que no se trata de un bloqueo legislativo, sino de la falta de acuerdos, y estimó que la reforma podría resolverse entre marzo y abril, una vez que se retome el diálogo en los primeros meses del año.

En el mismo sentido, la coordinadora de FUTURO, Tonantzin Cárdenas, señaló que se ha cedido en aspectos como limitar la insaculación a casos excepcionales, afirmó que persiste una postura inflexible que ha impedido avanzar.

Otro pendiente son las leyes secundarias en materia de transparencia, ya cuentan con dictámenes listos. Estas reformas son necesarias para poner en marcha el nuevo modelo de transparencia en Jalisco y crear la Agencia de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos Personales. El Congreso tiene como fecha límite el 14 de enero para aprobarlas, por lo que, tras el receso, habrá pocos días para sesionar. 

También permanece pendiente la reforma que reconoce y tipifica la violencia vicaria como una forma de violencia de género. El dictamen, listo para su discusión en el Pleno, la define como el daño ejercido contra las mujeres mediante el uso de hijas, hijos o personas cercanas como mecanismo de control y castigo. 

La propuesta amplía las conductas que la configuran, incorpora medidas de protección en materia civil y establece sanciones penales que incluyen prisión y la posible pérdida de la patria potestad.

Otro tema sin resolver es el procedimiento administrativo para que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar una nueva acta de nacimiento que refleje su identidad de género autopercibida, sin necesidad de acudir a un juicio. Este dictamen deriva de una sentencia de cumplimiento obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De no someterse a votación, el Congreso podría enfrentar sanciones económicas personales para las autoridades legislativas responsables y nuevos requerimientos para garantizar el cumplimiento del fallo.

GR