Perder la capacidad de asombro es una de las enfermedades que llegan con la experiencia. El cinismo se instala y se vuelve la criptonita del periodismo. Normalizar lo que está mal, bajo el argumento de “siempre ha sido así”, no mejora la democracia ni la calidad de vida de las personas; solo vuelve más cómodos a quienes se benefician del poder.
La semana pasada, los ministros de la Suprema Corte fueron exhibidos por la compra de camionetas de lujo, en abierta contradicción con el discurso de austeridad con el que prometieron conducirse. Bien dicen que el poder corrompe, pero a veces el periodismo alcanza a prender la luz en los rincones donde se acumulan los privilegios.
La pregunta es: ¿qué pasa en Jalisco?
Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia no rinden cuentas de sus excesos. A pesar de que existe una Ley de Austeridad vigente desde 2014, el Poder Judicial ha sabido torcerla para conservar comodidades que poco tienen que ver con impartir justicia. En una revisión del inventario vehicular y de los gastos ejercidos durante 2025, el patrón es claro: privilegios por todos lados.
El Poder Judicial de Jalisco cuenta con siete camionetas Chevrolet Suburban, que representan la mitad de su flotilla reportada de 14 vehículos. Todas están asignadas a la Presidencia del Tribunal o a magistrados. Algunas de ellas, modelos 2024 y 2025, costaron más de 2 millones de pesos cada una. Es el caso de la Suburban que todavía mantiene en su resguardo el magistrado Daniel Espinosa Licón, el más abyecto del sexenio pasado.
A esto se suma la compra, en el último año, de dos camionetas Toyota Highlander 2025, con un valor superior al millón de pesos por unidad. ¿Quién decide que una camioneta de lujo es el mejor vehículo para impartir justicia y acudir a eventos en representación de un poder público?
Pero los excesos no terminan ahí. Entre enero y noviembre de 2025, el Tribunal erogó 12 millones y medio de pesos en seguros de gastos médicos mayores, de los cuales más del 95 por ciento se concentra en una póliza colectiva para magistrados. El acta de la Comisión de Adquisiciones de mayo de ese año autorizó un techo de hasta 17.6 millones de pesos para el periodo 2025-2026. La decisión no se basó en la oferta más barata, sino en criterios de “continuidad” y ausencia de quejas. Los seguros contratados incluyen hasta enfermedades preexistentes y la prestación es para magistrados y la persona que se desempeñe como secretario de sala.
Basta revisar las pólizas de cheques para confirmar que no hay control ni rendición de cuentas. Se pagan las pensiones en estacionamientos para 26 personas, con un gasto acumulado cercano a 300 mil pesos anuales, además de líneas de telefonía celular financiadas con recursos públicos. Todo esto se suma a salarios elevados: cada magistrado percibe 236 mil pesos brutos mensuales, sin contar seguros médicos, vehículos oficiales, gasolina o gastos de representación. Así es, ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y si alguno desea continuar su formación académica, el erario también responde. En 2025, tres magistrados recibieron pagos para doctorados y especializaciones, con montos que van desde los 16 mil hasta más de 140 mil pesos, financiados directamente con recursos públicos y sin un programa general de capacitación que beneficie al resto del personal.
Con la discusión sobre la elección del Poder Judicial en puerta, habrá quien defienda la continuidad de un modelo que ha ofrecido opacidad y una clase privilegiada. Pero también vale la pena escuchar nuevas alternativas. Tal vez así, algún día, dejemos de pagar las Suburban de nuestros magistrados.
NH/I
