Una premisa básica del derecho público establece que, a diferencia de los mortales, los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta. El problema es que, desde hace más de dos meses, los titulares de las oficinas de transparencia en Jalisco operan en una especie de limbo jurídico.
La eliminación del Inai y, posteriormente, del Itei, dejó un vacío claro sobre las responsabilidades y sanciones que enfrenta un funcionario cuando decide ocultar información pública.
He sido usuario constante de la ley de transparencia desde sus primeros años. Me tocó vivir el primer gran escándalo: el famoso cheque de Ramírez Acuña y después la publicación íntegra de la nómina del Congreso del Estado.
En lo personal, tengo miles de solicitudes de información realizadas a lo largo de los años, todas en una plataforma electrónica que también echaron a perder, pues ya no permite búsquedas avanzadas con operadores booleanos. Imaginen los cientos de miles de solicitudes que hoy están en un auténtico cementerio digital de archivos públicos, inaccesibles y desordenados.
Lo que ocurre en Jalisco en las últimas semanas resulta especialmente preocupante. Durante casi dos décadas fuimos un estado de referencia en materia de derecho a la información. Hoy, en cambio, he podido documentar al menos cinco prácticas que están normalizando la opacidad y debilitando uno de los contrapesos ciudadanos más importante.
Primero, las dependencias han dejado de actualizar información fundamental de manera periódica. La norma pide que nóminas, gastos, cheques y versiones estenográficas de juntas de gobierno deben publicarse de forma regular. Sin embargo, estos contenidos han dejado de actualizarse. Hoy no sabemos cómo se toman decisiones clave ni bajo qué criterios se ejercen recursos públicos.
Segundo, la Contraloría del Estado no está resolviendo con oportunidad las quejas ciudadanas derivadas de recursos de revisión. Cuando existía el Itei, los comisionados analizaban cada semana los casos para determinar si el ciudadano tenía derecho a la información solicitada.
Si la autoridad incumplía, se imponían multas y hasta arrestos administrativos. Para ello, el Itei destinó en 2025 alrededor de 67 millones de pesos anuales. En 2026, ese dinero se fue a otro lado. A la Contraloría se le asignaron más responsabilidades, pero prácticamente el mismo presupuesto.
Tercero, muchos especialistas en transparencia, incluso formados en los posgrados especializados, se convirtieron en funcionarios expertos en opacar información. Además, quienes antes militaban en organizaciones como Amedi Jalisco o CIMTRA se han replegado a burocracias universitarias o gubernamentales. Los activistas del derecho a la información se esfumaron.
Cuarto, el Congreso del Estado no ha dimensionado la gravedad del vacío institucional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco se ha pronunciado. Tras dos décadas con un instituto garante, hoy no existe una visitaduría especializada que reclame, defienda y acompañe al ciudadano.
Quinto, nuestros datos personales están a un clic de distancia y los registros se cotizan en bitcoin. Un especialista en seguridad digital me explicó lo vulnerables que son los sistemas gubernamentales y lo común que es el tráfico de datos personales en la deep web. ¿Se imagina lo que haría una aseguradora con su expediente médico?
Ojalá que pronto conozcamos el dictamen que dará vida a las leyes secundarias en materia de transparencia. Lo necesitamos.
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