El pasado 21 de noviembre se realizó la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Siapa. Asistieron 21 personas: ningún alcalde. Tampoco el gobernador. Se presentaron los resultados de auditorías internas y una propuesta de reingeniería para el organismo que controla el agua potable y el alcantarillado de la ciudad. El diagnóstico es preocupante.
El Siapa arrastra más de 11 mil millones de pesos de cartera vencida y tiene una deuda de 2 mil millones de pesos en créditos. A eso se suma una infraestructura envejecida: cuatro de cada 10 metros de la red tienen más de 40 años.
El diagnóstico también describe un organismo con severos problemas administrativos. El 70 por ciento de sus ingresos se destina al gasto corriente, lo que deja poco margen para inversión. Ni siquiera existe claridad sobre el número real de trabajadores.
Como si no fuera suficiente, el documento reconoce la existencia de “agua huachicol”: conexiones clandestinas a la red que no cuentan con contrato ni pagan el servicio. En otras palabras, mientras miles de usuarios cumplen puntualmente con sus recibos, parte del agua del sistema se pierde en tomas ilegales.
La crisis administrativa coincide con un problema que los ciudadanos experimentan todos los días. Si usted ha abierto la llave y ha encontrado agua turbia, con olor o con residuos, no se sienta solo. En las últimas semanas, activistas han documentado casi un centenar de colonias afectadas.
El propio Siapa emitió un boletín con un tono desafortunado: recomendaba dejar correr el agua antes de usarla. Pero las autoridades sanitarias han sido más claras: recomiendan no preparar alimentos ni lavarse los dientes con el agua apestosa.
Frente a este panorama, la propuesta de reestructura del organismo plantea un horizonte de cuatro años para atender los problemas más urgentes. El costo estimado asciende a 80 mil millones de pesos, una cifra equivalente a casi tres veces lo que costó la Línea 3 del Tren Ligero.
Entre los proyectos más costosos está la sustitución del acueducto Chapala-Guadalajara, cuya vida útil está prácticamente agotada. Tan sólo reemplazar ese “popote” que conecta Chapala con la metrópoli podría superar los 7 mil millones de pesos.
El problema es que el plan financiero para enfrentar una crisis de esa magnitud luce claramente insuficiente. Las autoridades plantean contratar una empresa para recuperar cartera vencida y obtener alrededor de mil 500 millones de pesos. Después vendría un ajuste tarifario gradual hasta alcanzar el “costo real” del servicio en 2030. Y finalmente, un programa de retiro voluntario de personal que permitiría ahorrar unos 125 millones de pesos.
La desproporción entre el tamaño del problema y las soluciones propuestas es evidente. Pero hay algo aún más preocupante: la opacidad.
Aunque el plan se presentó hace cuatro meses, apenas pudimos conocerlo porque la información fue negada inicialmente vía solicitudes de transparencia. Según consta en las minutas de la sesión, ya no es necesario que los medios de comunicación asistan a las reuniones de la Junta de Gobierno porque “todo queda videograbado”.
Qué lejos están aquellos años en que, al terminar cada sesión, los funcionarios salían a explicar decisiones y responder preguntas. Excluir a la prensa de los espacios donde se toman decisiones públicas no sólo empobrece el debate: es un síntoma más de la erosión democrática de nuestras instituciones.
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