El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) podría perder nuevamente recursos de los trabajadores. Se trata de casi 300 millones de pesos (mdp) invertidos en bonos de empresas de transporte que dejaron de pagar al organismo y que enfrentan dificultades económicas.

El adeudo mayor corresponde a la empresa Grupo Herradura de Occidente, la cual debe al Ipejal 246 millones 153 mil 583 pesos, mientras que el resto de los recursos, 51 millones 679 mil 452.90 pesos, corresponde a inversiones en Servicios Integrados de Pasaje y Turismo, SA de CV (SIPYT).

La primera vez que los problemas financieros de las dos empresas en las que el Ipejal tiene recursos invertidos fueron reportados al Consejo Directivo del Ipejal fue en la sesión del 28 de febrero de 2024. En el informe se señala que en agosto de 2014 se invirtieron 150 mdp en Grupo Herradura, mientras que en noviembre del mismo año se hizo una compra adicional de 49.9 mdp.

Se detalla que esta empresa se dedica al transporte de pasajeros a través de las marcas Pegasso, Sur de Jalisco, HP, Alegra, Viajero, Autobuses del Occidente, Zinacantepec y Nuevo Horizonte. En la sesión se señaló que ante la pandemia de Covid-19 se permitió a la empresa capitalizar los intereses que debía pagar al organismo desde el 30 de abril de 2021 hasta el 20 de enero de 2024; sin embargo, “antes de terminar su periodo de capitalización informó no tener capacidad de pago”.

También se informa que no se alcanzaron acuerdos en las asambleas de tenedores de acciones que se llevaron a cabo, por lo que se está “en proceso de reestructura de la deuda”. El último pago se recibió el 30 de abril de 2024.

En cuanto a los montos de ese adeudo, se confirmó que la empresa debe 241.7 mdp de capital y 4.4 mdp de intereses.

Respecto a SYPYT, el Ipejal invirtió en la empresa 100 mdp el 30 de mayo de 2013, de los cuales la mitad de los bonos, por 50 mdp, fue vendida al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (Sedar) el 4 de junio del mismo año.

Esta empresa también se dedica al transporte de pasajeros a través de las marcas ETN-TuriStar, Costa Line, Amealcenses, Parhikuni y Viva Aerobús.

En el informe se señala que ante la pandemia de Covid también se permitió a esta empresa capitalizar parte de los intereses que debía pagar al Ipejal desde el 30 de julio de 2021 al 20 de enero de 2024; sin embargo, “antes de terminar su periodo de capitalización informó no tener capacidad de pago”.

También en este caso se señala que no se ha logrado llegar a acuerdos en las asambleas de tenedores de bonos, por lo que se contrató a Tempest Capital como asesor para la reestructura. Agrega que “actualmente siguen en pláticas y negociaciones, ya que desde el 30 de julio de 2024 cayeron en incumplimiento parcial al no pagar la totalidad de intereses devengados”.

En la sesión del Comité Directivo del Ipejal del 30 de enero de 2025 se informó que seguían las asambleas y reuniones para negociar la reestructura de la emisión de bonos o en su caso ejecutar las garantías; entonces se precisó también que se esperaba “recibir una propuesta de reestructura en noviembre”.

A la par el comité de inversiones instruyó rechazar cualquier incremento de plazo, reducción de tasas, capitalización y dispensas de pagos y razones financieras.

Posterior a esta sesión ya no se ha transparentado el informe sobre las negociaciones en las actas de las sesiones del Comité Directivo.

En la calificación crediticia otorgada por HR Ratings las dos empresas de transportes cayeron a HRC, que implica que “el emisor o la emisión de deuda presenta una alta probabilidad de caer en incumplimiento (default) en el pago de sus obligaciones financieras”. Esta nota advierte de un “alto riesgo crediticio, situado en el rango especulativo o de grado de no inversión”.

Un informe financiero sobre SYPYT señala que el incumplimiento en el que cayó la empresa “no fue solo un evento de liquidez transitorio; reflejó una erosión estructural del modelo de bursatilización ante una caída prolongada de la movilidad”. Agrega que la empresa ha tenido una recuperación “laboriosa y aún incompleta”, pero que la debilidad financiera se acentúo en el tercer trimestre de 2025.

También se señala que en la asamblea de tenedores se acordó ampliar el plazo de inversión, que originalmente se había establecido hasta el 30 de julio de 2036, hasta el 30 de octubre de 2042.

Además, menciona que hay una “disparidad preocupante” entre el pasivo total y el valor de las garantías, lo que implica que en un escenario de “liquidación forzada, los tenedores recuperarían aproximadamente 23 centavos de cada peso invertido”.

En el mismo informe se da cuenta de que el impacto que esta situación tendría para el Ipejal es de “minusvalías contables”, ya que los certificados perdieron valor, además que en la reestructura los recursos de los trabajadores “dejan de estar disponibles para ser reinvertidos en activos con mejor calidad crediticia o mayor liquidez”, así como el riesgo actuarial sobre la solvencia del sistema de pensiones.

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