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Hace unas cuatro décadas Javier Coello Trejo se ganó el mote del Fiscal de Hierro por haber encarcelado a mil 200 funcionarios en su papel de fiscal anticorrupción.
Pero al paso de los años, su trabajo como abogado brincó hacia el otro lado y ya cuenta con un historial de defensoría de personas acusadas por la autoridad investigadora, cuando antes él fue el acusador.
Ahora, el ex fiscal de hierro defiende la compra de la empresa Agro Nitrogenados realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en los tiempos de la dirección de Emilio Lozoya, catalogada como un montón de chatarra.
Javier Coello Trejo acapara una vez más las portadas de los medios por el calibre de su actual cliente.
Nacido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el ex fiscal inició en el servicio público en esa entidad.
Fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, director de la entonces Policía Judicial y agente del Ministerio Público Especial de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se distinguió por su dureza a la hora de aplicar la ley.
Durante el sexenio del presidente José López Portillo, en 1977, fue designado fiscal especial para el combate a la corrupción. Bajo el mando del procurador Óscar Flores Sánchez investigó a tres mil funcionarios, ex funcionarios, empresarios y empleados del sector privado, de los cuales encarceló a mil 200.
Con ese récord y su fama de inflexible, se ganó el mote de El Fiscal de Hierro.
Antes de terminar el sexenio de López Portillo, Coello Trejo, quien se tituló con la tesis El Ministerio Público frente a la corrupción priísta, se convirtió en secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, invitado por el entonces mandatario Absalón Castellanos Domínguez.
En ese tiempo inició una nueva etapa como servidor público, pero también empezó a tener una vida rodeada de escándalos de diferentes tipos, siempre enmarcadas por la polémica y su mano dura para enfrentar y tratar de resolver los conflictos a los que se enfrentaba.
Tuvo enfrentamientos con parte del gabinete de Castellanos en Chiapas, al grado de que libró una guerra de difamaciones e insultos personales con sus adversarios que fue cortada de tajo por el entonces gobernador con su destitución a principios de 1984.
De ahí, volvió a la vida pública cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República, al ser nombrado subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico en la PGR, con tres encargos: detener al dirigente nacional del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia ‘La Quina’, recuperar las joyas arqueológicas robadas del Museo Nacional de Antropología e Historia, y capturar al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.
Coello Trejo cumplió con las tres encomiendas, pero sus formas distaron mucho de ser pacíficas y conciliadoras, pues para esos y otros casos más, creó un grupo especial al cual llamó Tiburones, quedando al frente de dicho grupo el comandante Guillermo González Calderoni, quien fuera asesinado en 2003 en McAllen, Texas, cuando formaba parte del programa de protección de testigos.
De la mano de Coello, diversas fuentes aseguran que ese grupo antinarcóticos de la entonces Policía Judicial Federal cometió todo tipo de arbitrariedades.
El nombre de Javier Coello también fue ligado a otro escándalo, cuando su escolta personal fue acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de ser la autora de una serie de violaciones sexuales ocurridas en el sur de la ciudad.
Tal imputación dio lugar a una abierta guerra entre las policías federal y capitalina.
Fue a consecuencia de las denuncias en contra de él y su grupo, que el presidente ordenó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tras una serie de imputaciones que enfrentó y de las cuales salió siempre bien librado, en 1990 fue destituido y relevado por Jorge Carrillo Olea, y Coello Trejo pasó a ser titular de la procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Dados sus antecedentes, su designación tuvo inmediatas reacciones, sobre todo del sector privado, quienes aseguraban que ahora los iban a tratar “a tehuacanazos”.
Durante su época en la PGR en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, también se le señaló por presuntas violaciones a los derechos humanos de forma sistemática.
Aunado a las denuncias de violaciones de su equipo, Coello Trejo tuvo que dejar su cargo en la PGR por sus supuestos nexos con un cártel. Incluso, en 1993 hubo rumores de que en un rancho en Chiapas, donde se capturó a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera por primera vez, era propiedad del Fiscal de Hierro.
En 1984 fundó su despacho, y desde entonces Coello Trejo ha defendido a diferentes personalidades.
Entre sus clientes destacan los nombres del sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade, en la disputa por los derechos de 29 películas del actor mexicano en contra de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo del comediante, litigio que logró ganar para su cliente.
También representó a la empresaria inmobiliaria María Asunción Aramburuzabala en la denuncia por presunta extorsión en contra de Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga.
En 2016, representó a Jorge Vergara durante el litigio en contra de su ex esposa, Angélica Fuentes, por presunto fraude, con lo cual logró que ella quedara fuera de la empresa Omnilife y del equipo de futbol Chivas del Guadalajara.
Recientemente, representó a la ex directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García, quien se encuentra presa.
Actualmente se está haciendo cargo de la defensoría del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
El abogado ha podido trabajar en los dos lados de la mesa a la hora de estar en un juzgado, envuelto generalmente en el escándalo y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
jl